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Unidad Provida condenó los escraches “No es el camino”

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“No es el camino. El camino es el encuentro en los ámbitos que dicta la democracia”, afirmó el colectivo que nuclea a más de 150 organizaciones de la sociedad civil que rechazan el proyecto de legalización del aborto, tras los escraches e insultos a distintos legisladores en los últimos días.

Unidad Provida, que nuclea a más de 150 organizaciones de la sociedad civil que rechazan el proyecto de legalización del aborto que comenzará a ser tratado, repudió los “escraches” que se registraron en los últimos días así como los “insultos y afrentas” a distintos legisladores, y señaló que continuará manifestándose “pacíficamente”.

“Las organizaciones que formamos Unidad Provida repudiamos los escraches promovidos y realizados hacia quienes opinan de una u otra forma en torno a la legalización del aborto”, afirmó la agrupación en un comunicado difundido.

En esa línea, la organización puntualizó también “que en los últimos días otras personas identificadas con el color celeste han realizado acciones de insultos y afrentas a distintos legisladores” y agregó: “No es el camino. El camino es el encuentro en los ámbitos que dicta la democracia”.

En ese marco, destacó además que “también se han visto iguales ataques a organizaciones civiles y centros religiosos que promueven la cultura de la vida” y reiteró “el llamado a la paz y a tender puentes”.

En tanto, Unidad Provida -que estuvo entre los convocantes de la marcha realizada el sábado frente al Congreso nacional- ratificó que el proyecto implica “una afrenta a los ciudadanos”, ya que “permite el aborto en cualquier momento de la gestación y persigue a los médicos”.

“No es lo que quiere la mayoría del pueblo argentino que se movilizó el pasado 28 de noviembre en más de 500 ciudades de nuestro país”, dice el comunicado y agrega que continuarán manifestándose “pacíficamente para lograr que este proyecto que descarta al niño por nacer y desprecia la mujer no sea ley”.

La diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, repudió un escrache realizado en el trabajo de sus padres en Entre Ríos por grupos que están en contra de la legalización del aborto, y dijo que es “con el debate político y no con violencia que se fortalece la democracia”.

También el diputado radical Facundo Suárez Lastra sufrió un escrache en los últimos días por su postura a favor del proyecto.

En tanto, el sábado la fachada de la catedral de Merlo-Moreno sufrió pintadas de color verde, que identifica a los partidarios de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y se dejó en la vereda una leyenda, también con pintura verde: “Ni Fernández ni Bergoglio. Aborto legal”.

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Cada provincia decidirá según su situación sanitaria la vuelta a clases

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El Ministerio de Educación de la Nación recomendará a las provincias iniciar el ciclo 2021 con clases presenciales, pero la decisión final quedará en manos de cada gobernador. Antes de tomar la determinación, las jurisdicciones analizarán su escenario sanitario y el nivel de infectados en la región.

 

De esta forma, la cartera que conduce Nicolás Trotta establecerá pautas nacionales para la vuelta a clases pero serán los gobernadores los que luego definan si toman o no esa recomendación. “Las jurisdicciones educativas tienen autonomía. Se construye consenso para que la presencialidad sea el ordenador del ciclo 2021″, le dijeron a este medio desde el Ministerio de Educación.

Lo mismo ocurrió con las restricciones de circulación nocturnas, que el Gobierno de Alberto Fernández le propuso a los mandatarios provinciales. Eran en rigor, una recomendación pero nunca de cumplimiento obligatorio.

El objetivo del Gobierno es generar consenso entre las 24 jurisdicciones para promover la presencialidad por lo que se trabajará en un esquema de acuerdo a la actualidad sanitaria de cada región del país.

Trotta se encuentra en este momento en el interior del país, en el marco de un viaje por diversas provincias. Allí dialogará con las autoridades locales y les transmitirá la intención de la Casa Rosada de iniciar el ciclo lectivo 2021 con los chicos en las aulas, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Este miércoles el funcionario se reunió con el gobernador Juan Manzur en Tucumán y un día antes había estado con Gerardo Morales en Jujuy. Antes, también había estado con Martín Cánepa su par salteño.

 

De esta forma la idea de la Casa Rosada es instrumentar una herramienta similar a la utilizada para recomendar que las provincias adopten restricciones nocturnas para frenar la circulación de personas y detener la suba de casos de coronavirus. En este caso el Ministerio de Educación de la Nación emitirá un documento en el que se detallarán pautas para la vuelta a la presencialidad. Se espera un semáforo sanitario educativo que indique si se puede avanzar o no con el regreso a clases.

La decisión de retomar las clases de manera presencial es resistida por parte de los gremios docentes, que exigen la inmunización de maestros y profesores. Sin embargo la empresa no asoma sencilla si se tiene en cuenta que hasta el momento solo recibieron una dosis poco más de 100 mil personas, la mayoría personal de salud.

Los gremios ponen en duda la fecha del ciclo lectivo presencial
Desde los gremios plantearon que no saben si las clases presenciales van a empezar el 17 de febrero, en el caso de Capital Federal. López, de Ctera y UTE, dijo que “todo indica que no”. Afirmó que si se guían “por los indicadores de los semáforos del ministerio de Educación de la Nación aprobados el año pasado ni se tendría que estar discutiendo”. Entre otras cuestiones, el gremialista afirmó que los indicadores demuestran que la curva de contagios crece y que “no tiene que haber clases”.

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Telefonía móvil fueron las más sancionadas por incumplir con el registro “No Llame”

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Las prestadoras de servicio de telefonía móvil fueron el año pasado las empresas más denunciadas y sancionadas por cuestiones relacionadas con llamadas de publicidad o marketing telefónico, según el ranking elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública en base al Registro Nacional No Llame.

Ese registro reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias. Debido a esto, las empresas de publicidad y marketing telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el Registro Nacional No Llame.

Las sanciones impuestas a las empresas alcanzan un monto de 78 millones de pesos.

El podio de las empresas más sancionadas en 2020 por incumplir con la Ley 26.951 de Registro Nacional No Llame fue encabezado por Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar); seguida por Telecom Argentina S.A. (Personal), AMX Argentina S.A. (Claro) y DIRECTV Argentina S.A.

El titular de una línea de teléfono fija o móvil puede registrarla simplemente con su número de DNI y trámite, que aparece en la parte inferior del DNI tarjeta.

“Las sanciones impuestas a las empresas alcanzan un monto de 78 millones de pesos”, precisó la agencia en un comunicado.

Por otra parte, la agencia recordó que se pueden realizar consultas y denuncias en el sistema del Registro Nacional No Llame.

“El titular de una línea de teléfono fija o móvil puede registrarla simplemente con su número de DNI y trámite, que aparece en la parte inferior del DNI tarjeta. La inscripción entrará en vigencia dentro de los 30 días posteriores a su confirmación”, precisó el comunicado.

“Una vez registrado y confirmado, si el usuario continua recibiendo llamadas de empresas de publicidad o marketing telefónico, podrá realizar la denuncia las 24 horas del día completando el formulario disponible en el sitio web”, concluyó.

El sitio de la Agencia de Acceso a la Información Pública es : https://www.argentina.gob.ar/aaip

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Imputaron al médico que recetó dióxido de cloro al paciente que falleció en el Otamendi

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La denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado y que tendría “carácter nocivo” para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.

El médico que recetó el dióxido de cloro a un paciente con coronavirus, que luego murió en el Sanatorio Otamendi, quedó imputado en una causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud, en tanto que este martes a la noche se encontraron pruebas durante un allanamiento a su consultorio, informaron hoy fuentes judiciales.

La causa contra el médico quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que está de turno durante la primera quincena de la feria judicial de enero, quien este martes ordenó el allanamiento al consultorio de Dante Coverti, que resultó “positivo”.

El médico, según asociaciones científicas que denunciaron al juez Javier Pico Terrero ante la Magistratura, no es especialista en neurocirugía tal como se presenta.

Durante el allanamiento, que se inició poco después de las 21 de ayer y culminó a las 23, la policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias encontradas en el consultorio del neurocirujano ubicado en Ayacucho 626, de la ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores explicaron a Télam que la pesquisa se inició por la denuncia presentada este martes ante la policía “como un hecho de prevención”, y el objetivo del procedimiento realizado fue “preservar la prueba” que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y ahora “será analizada”.

Esta denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado al paciente Oscar García Rúa y que tendría “carácter nocivo” para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.

Por ello, el médico está imputado y es investigado aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsele, precisaron las fuentes.

Por el mismo caso, asociaciones científicas denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por presunto “prevaricato” y por dictar una resolución “contraria a las normas de salud pública” a Pico Terrero, que autorizó la prescripción de dióxido de cloro al paciente de 92 años con coronavirus.

La denuncia contra Pico Terrero

La denuncia fue presentada ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y se pidió que “en el momento procesal oportuno se impongan las máximas sanciones”, según el texto al que tuvo acceso Télam.

El magistrado admitió como válida una medida cautelar que ordenó al Sanatorio Otamendi y Miroli a tratar con dióxido de cloro al paciente que finalmente falleció.

Entre las denunciantes figuran la Fundación Huésped, la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y la Sociedad Argentina de Infectología.

“Resulta evidente el desempeño apresurado y negligente del magistrado denunciado, toda vez, que más allá de la premura necesaria para dictar una medida cautelar, omitió haber consultado a los organismos correspondientes, como el propio Cuerpo Médico Forense y las sociedades científicas con competencia en la materia”, sostienen los denunciantes.

En ese aspecto, remarcaron que “incluso una rápida consulta en cualquier buscador de internet, habría permitido al Magistrado conocer los peligros y advertencias que instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologías (Anmat), han hecho con relación al producto cuya aplicación él ordenara en forma perentoria” al sanatorio Otamendi.

Además, advirtieron que el magistrado denunciado “con tan solo una receta formulada por un médico que se presenta como especialista en neurocirugía, resuelve obligar a la institución donde se encuentra internado el paciente, a arbitrar los medios conducentes para la implementación del tratamiento indicado, consistente en una sustancia altamente tóxica para la salud”.

“En este punto conviene advertir, según se desprende de la documental adjunta, que el mencionado médico no solo no es especialista en neurocirugía, sino que al mismo tiempo aunque lo fuera, debería haber advertido el magistrado que dicha especialidad médica se encuentra lejos de su ámbito de competencia la indicación de una formulación para el tratamiento de una enfermedad infecciosa”, sostuvieron los especialistas.

La administración de dióxido de cloro “no solo no se encuentra autorizado o registrado su uso por la Anmat, sino que por el contrario desde agosto del año 2020 se encuentra expresamente desaconsejado su uso por la multiplicidad de eventos adversos”, agregaron

“El médico que ha realizado la indicación con palmaria negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas que regula el ejercicio profesional, fue denunciado a las autoridades sanitarias, a fin de la promoción de las eventuales denuncias administrativas y judiciales que pudiesen corresponder”, reseñaron.

En la denuncia, se acusó al magistrado de “prevaricato”, el dictado de resoluciones contrarias a derecho.

Comunicado del Otamendi

A través de un comunicado el Sanatorio Otamendi señaló que “acató inmediatamente la orden judicial, sin perjuicio de haber interpuesto los recursos legales correspondientes por tratarse de compuestos cuya utilización en pacientes covid positivos fue enfáticamente desaconsejada por la Organización Panamericana de la Salud, la Anmat, la Sociedad Argentina de Infectología, y tantas otras”.

“La administración de los compuestos mencionados fue llevada a cabo únicamente por el médico tratante, cuya especialidad no está relacionada con la materia” y no pertenece a ese centro, indicó y precisó que “tal cual se consigna en todos los seguimientos realizados, el paciente no presentó ninguna mejora clínica”.

Sobre el uso del dióxido de cloro y la decisión del juez, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró hoy que “si la Anmat no aprueba el dióxido de cloro, está prohibido y no debe aplicarse a humanos en nuestro país”.

La decisión judicial de Terrero Pico había sido repudiada por 45 sociedades científicas que advirtieron que es un tratamiento que no está autorizado por la Anmat.

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