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Rechazaron pedido de Macri para no peritaran su teléfono por “intimidad” y “seguridad nacional”

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La jueza federal María Servini ratificó hoy el entrecruzamiento de llamados entre teléfonos del ex presidente y otros investigados en una causa por supuestas maniobras ilegales contra Indalo, al rechazar planteos de nulidad contra esa medida de prueba presentados por las defensas de, entre otros, Macri.

“La medida de prueba ordenada cumple con todos los requisitos necesarios para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados”, concluyó la magistrada en la resolución a la que accedió Télam.

La medida de prueba sobre los teléfonos y las comunicaciones fue objetada por las defensas de Macri y de Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana y José Torello.

Servini, con argumentos contundentes, ordenó la prueba el 6 de julio pasado y dispuso un entrecruzamiento de llamados entre Macri, Rodríguez Simón, Quintana, Torello y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros, para establecer si se comunicaron en las fechas en que los denunciantes Fabián De Sousa y Cristóbal López afirmaron haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas contra el Grupo Indalo.

Pablo Lanusse, el abogado de Macri, había pedido acceso a documentación reservada de la causa y calificado lo dispuesto por Servini el 6 de julio pasado como “arbitrario” y “exorbitante”. Lo más insólito de todo es el argumento con el que pretendía que la jueza frenara el peritaje: según el ex mandatario, lo dispuesto carecía “de fundamentación, y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, razonabilidad, dignidad humana”.

No conforme, intentaba agarrarse de su ex cargo para evitar que se lo investigue, al sostener que peritarle sus llamados “compromete la seguridad nacional y cuestiones de Estado, por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”.

La medida ordenada, sostuvo Servini, no está entre aquellas que pueden ser recurridas por las partes y tiene como objetivo determinar además “los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre; ello considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional”.

Servini descartó además el argumento usado por las defensas vinculado a una supuesta violación a la “seguridad nacional”. “Tampoco se encuentra fundado el argumento que la medida de prueba violaría la seguridad nacional, ya que no se expusieron las razones que motivarían tal afirmación, más allá de la mera enunciación de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la Nación”, agregó en la resolución.

El primero en pedir la nulidad de la medida de prueba fue Rodríguez Simón, cuya defensa sostuvo que lo ordenado era “innecesario, inadecuado y absolutamente desproporcionado a sus fines, y violentaba el derecho a la intimidad y privacidad”.

Servini ordenó determinar “los registros de comunicaciones con activación de celdas” en el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 y también confeccionar “un detalle de interlocutores comunes y frecuentes, y un entrecruzamiento de llamadas”.

De esta manera, los investigadores de la DAJUDECO analizarán el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. También quiere saber desde dónde se activaron esos teléfonos.

Más allá de la decisión de Servini, la Cámara Federal de los cuestionados Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia tiene bajo estudio las presentaciones de Macri, Rodríguez Simón y Torello para anular las medidas solicitadas por Servini y puntulamente el análisis de la comunicaciones, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Según consta en la causa, el hombre PRO estuvo involucrado, junto a funcionarios y empresarios, en hechos de presión denunciados por Fabián De Sousa, ratificados en el juzgado por otras personas cercanas al Grupo Indalo. La información publicada por Ámbito Financiero señala que los testigos relataron como los hombres del gobierno macrista les hacían llegar las presiones y los deseos del propio Macri para con el futuro de las distintas empresas del grupo.

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Los taxistas se declararon en alerta y movilización contra “explotación y precarización de Uber”

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El Sindicato de Peones de Taxis (SPT) que conduce Jorge García declaró hoy el estado de “alerta y movilización” del gremio en rechazo de “la explotación y precarización laboral” de los trabajadores por parte de la empresa privada Uber.

García, quien hace pocas semanas reemplazó al histórico Omar Viviani en la secretaría general del sindicato, repudió en un comunicado “la pretensión de la ilegal firma Uber de inscribir a los taxistas como prestadores de su servicio”.

“El sindicato condena la intromisión de toda aplicación ilegal y exige al Gobierno de la ciudad que fije una posición y se expida”, afirmó García.

Los taxistas reclaman la “no legalización” de Uber y Cabify en defensa de los puestos laborales del sector y, en ese sentido, en su momento trasladaron el reclamo al ministro de Transporte, Mario Meoni, quien había propuesto “una mesa de diálogo” para hallar soluciones “interjurisdiccionales” sobre Uber.

García ratificó hoy la condición de “ilegal” de Uber y declaró el estado de “alerta y movilización” en rechazo del funcionamiento de esa empresa privada

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Nacional

La UCR no acompañará la reforma judicial, según un documento difundido tras una reunión

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El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) debatió el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno y ratificó que no le dará su apoyo por considerar que la iniciativa “busca la impunidad para las causas de corrupción”, según señala el documento que difundieron tras la reunión.

“En la UCR estamos convencidos que hay que llevar adelante reformas judiciales, pero sospechamos con demasiados antecedentes que esta no es la forma”, insistió el partido que conduce el mendocino Alfredo Cornejo.

Afirmó además que no pretenden “evadir el debate”, pero aseguran que no serán “cómplices de una propuesta que bajo un título atractivo esconde -una vez más- fines espurios”.

“Esta iniciativa busca la impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo y replicar la mayoría automática en la Corte Suprema que ya tuvo el peronismo menemista en la década del noventa”, aseguró la UCR en el texto.

También sostuvo que la reforma en debate “no beneficia en nada para tener una mejor justicia y lejos de avanzar hacia el sistema acusatorio que ya funciona en algunas provincias, continúa promoviendo el viejo sistema donde se concentra la casi totalidad del poder en los jueces”.

“Ni esta ley en particular, ni la comisión que se está creando para modificar la Corte y el Consejo de la Magistratura, comenzará siquiera a resolver los problemas”, opinó el radicalismo en el comunicado.

Añadió que “el único primer efecto directo será la creación de 300 cargos para nuevos jueces y funcionarios judiciales que va a designar el Gobierno”.

“No podemos obviar en todo esto las expresiones de miembros del gobierno que a viva voz plantearon y promovieron la liberación de delincuentes y corruptos desde el inicio de la pandemia y, también desde la campaña electoral”, agregó.

Concluyó que “por todo ello, el radicalismo se opondrá a la propuesta de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación”.

“Deberá entender el Presidente: la Justicia es un valor que debe custodiarse y debe ser igual su peso y su valor para cada uno de los ciudadanos, sin manipularla a favor del capricho o interés circunstancial de algunos funcionarios”, finalizó el documento.

Según informaron fuentes partidarias, el texto fue elaborado tras la reunión de Mesa Ejecutiva del Comité Nacional de la UCR realizada hoy vía Zoom, en la que arribaron a esas conclusiones.

En esa reunión virtual estuvieron, además de Cornejo (presidente del comité), los vicepresidentes Alejandra Lordén, Ángel Rozas y María Soledad Carrizo, junto a los secretarios de diferentes áreas del partido, como Enrique “Coti” Nosiglia, Josefina Mendoza, Juan Pablo Cebrelli y José Cano, entre otros.

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Nacional

Moroni: “La doble indemnización continuará el tiempo que sea necesario”

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El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró hoy que “la doble indemnización va a continuar el tiempo que sea necesario para evitar despidos porque hay que encarecer” las cesantías “para proteger el empleo” en el contexto de pandemia.

Según el funcionario, las medidas oficiales para evitar despidos “tuvieron un resultado excelente” al destacar que el desempleo “aumentó solo 2,5” puntos porcentuales, y señaló que ese índice en “muy bajo comparado con otros países” en el contexto de pandemia.

“En el último mes, la pérdida de empleo fue prácticamente nula y eso da la idea de que el país está empezando a dejar atrás los malos datos por la pandemia y ya está con una producción a nivel de pospandemia”, dijo Moroni en diálogo con la radio online Futurock.

Moroni hizo un repaso por los indicadores de la última Encuesta de Indicadores Laborales, que elabora la cartera a su cargo, con datos actualizados a junio último.

De acuerdo con los datos, la tasa de entrada de personal a las empresas alcanzó el 0,7 puntos porcentuales en junio, duplicando la tasa registrada en los dos meses anteriores, que había sido de 0,4.

Al establecer una comparación con otros países, Moroni explicó que “en Canadá cayó 19 puntos, en Estados Unidos y Chile 12, en Brasil 7,5 y en Argentina 2,5”.

En torno a la recientemente aprobada ley de teletrabajo, el ministro dijo que “es una ley sabia, que fija principios que luego deberán ser regulados en cada convenio colectivo”, y rechazó las críticas a la norma formuladas durante la última semana por parte de Mario Pergolini, al señalar que el empresario y conductor “claramente no leyó la ley y las cosas que dijo son un disparate”.

Por último, Moroni consideró que un “impuesto a las grandes fortunas es una buena medida que esperamos que el Congreso trate pronto” y descartó que exista una relación entre un eventual tributo en ese sentido y la creación de empleo al apuntar que “nadie dejará de dar trabajo por una medida así”.

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