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Para la jueza de la causa, el hundimiento del ARA San Juan fue “una AMIA a 900 metros de profundidad”

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La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, afirmó que el hundimiento del submarino ARA San Juan, en 2017, fue “una AMIA a 900 metros de profundidad”, al comparar esa tragedia con la masacre de la mutual judía producida por un atentado en 1994, y no descartó que deba indagar a personas sospechadas de tener responsabilidad a las que no interrogó si se lo ordena la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Entre los exfuncionarios que la jueza dejó fuera de su investigación están el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur.

No obstante, la magistrada defendió su actuación en el expediente, en el que procesó a varios ex altos oficiales de la Marina, aunque su intervención le valió denuncias ante el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño.

La magistrada hizo estas declaraciones en una entrevista en la que se la consultó por la reciente denuncia de la AFI contra el Gobierno de Macri por supuesto espionaje a familiares de las victimas del naufragio.

“Me atrevo si se quiere a compararlo, esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro”

“Se trata de una causa absolutamente nueva y que efectivamente no tramitó ni tramita en mi juzgado. Yo sí intervine en la causa principal que es averiguación de las causas de la desaparición en principio, después las causas del hundimiento y hubo muchas conexas”, amplió.

Yáñez aclaró que hubo “una sola que podía llegar a asemejarse a esto que hoy nos alerta y nos alarma; es una denuncia que tuve de un solo familiar, al que le habían hackeado su mail, pero esa causa conexa si se quiere, en su momento fue delegada al fiscal, y el fiscal pidió la desestimación”.

“Entonces en tanto y en cuanto el fiscal no haga un requerimiento formal se dispuso el archivo, pero era un solo familiar y porque él sospechaba que le estarían hackeando el correo personal”, abundó la jueza.

Respecto de esta nueva denuncia, Yáñez aseveró que “sin conocer los pormenores no deja de alarmarme y sorprenderme”.

Añadió que “si usted va a ver la causa de la AMIA, que me atrevo si se quiere a compararlo, esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro”.

“Se hizo absolutamente todo tipo de pruebas; también tengo en cuenta que los familiares están diseminados por todo el país, que no todos tuvieron acceso a venir a Caleta Olivia a vernos personalmente y que nosotros le expliquemos la instrucción”, agregó.

La resolución de la jueza está a revisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por una serie de apelaciones, la cual, dijo, “puede llegar a coincidir con lo que yo firmé o puede decirme que indague a otro que entiende puede tener alguna responsabilidad. Vamos a ser respetuosos de la revisión que en este momento transita y vamos a esperar que la Cámara Federal dé su opinión”.

“Puede que entiendan que alguno que yo procesé deba ser sobreseído o alguno que yo sobreseí o no indagué deba ser indagado”, sostuvo.

La magistrada explicó que “no hay tiempos por la situación de la pandemia, pero entiendo que la próxima audiencia será en octubre vía zoom. Yo estoy muy tranquila y muy atenta porque si se considerara que la instrucción debe proseguir yo estoy dispuesta a hacerlo con la honestidad y el compromiso corporal que le puse hasta acá”.

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Jueza del Caso Facundo Castro “Las medidas no se pueden hacer por las dudas para ver qué encontramos”

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Para la magistrada, “las medidas no se pueden hacer ‘por las dudas’, ‘para ver qué encontramos'”, sino que “la fiscalía tiene que hacer un esfuerzo mayor para probar los extremos que desliza e invoca” y “elaborar un plan estratégico, agotar la investigación a través de un trabajo a conciencia”.

La jueza federal bahiense que interviene en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro rechazó casi todas las medidas de prueba que solicitaron los fiscales del caso para avanzar en la pesquisa, al considerar que su estrategia “no parece orientarse a buscar la verdad” sino “solamente a compeler la responsabilidad policial” en el hecho, informaron fuentes judiciales.

En una resolución, que se conoció aunque fue dictada el pasado 15 de septiembre, la jueza federal María Gabriela Marrón sólo accedió al pedido para que un policía que interceptó a Facundo el día que desapareció entregue una libreta en la que registró sus datos personales.

También a requerirle a la comuna de Villarino el informe de lectoras de patentes entre el 30 de abril y el 8 de mayo en cercanías del puesto fitosanitario sobre la ruta nacional 3.

Pero en el escrito judicial, al que Télam tuvo acceso, la jueza rechazó varias medidas requeridas por los fiscales federales Héctor Andrés Heim y Horacio Juan Azzolin, entre ellos el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone donde se halló un amuleto similar al que tenía el joven y el secuestro de teléfonos de policías.

Además, cuestionó en duros términos los fundamentos de la fiscalía a la hora de hacer esos pedidos: “La estrategia escogida por los acusadores se asemeja a una auténtica ´excursión de pesca´, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho”, escribió Marrón.

Luego consideró que “disponer medidas probatorias sin que esté claro qué se está buscando, atenta también contra el éxito-validez de la investigación”.

“El estado de perplejidad de los fiscales sobre las supuestas conductas sospechosas no parece orientarse a buscar la verdad -qué fue lo que le paso a Facundo en el lugar y momento de su muerte- sino solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”, continuó.

Para la magistrada, “las medidas no se pueden hacer ‘por las dudas’, ‘para ver qué encontramos'”, sino que “la fiscalía tiene que hacer un esfuerzo mayor para probar los extremos que desliza e invoca” y “elaborar un plan estratégico, agotar la investigación a través de un trabajo a conciencia”.

“El pedido tiene que ser irremediablemente desechado, no puedo habilitar su producción, ya que puede causar un perjuicio indebido, irreparable y prohibido”, ahondó la jueza, quien consideró que las medidas “no pueden implicar violación a valores fundamentales, como la intimidad, la propiedad y la libertad”,

“El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables. De este modo se reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país”, destacó.

Tras conocer la decisión judicial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado en el que calificó de “arbitraria y antojadiza” la interpretación de la prueba por parte de la magistrada, ya que “expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo”.

En la resolución de 19 páginas, Marrón cuestionó la relevancia de algunas evidencias destacadas por los fiscales en el requerimiento de medidas, entre ellas el hallazgo de un cabello que podría ser de Facundo en el patrullero de uno de los policías que lo identificó ese 30 de abril, cuando dejó la localidad bonaerense de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su novia en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“No parece extraña la posibilidad de que un cabello que podría corresponderse con Facundo esté en ese lugar”, afirmó el magistrado al indicar que “es posible que haya entrado al móvil mientras el policía hacía la consulta por la infracción a la cuarentena o chequeaba sus datos personales, antecedentes, etcétera, que haya apoyado el carnet de conducir en el asiento del acompañante delantero”.

Además, dijo que la muerte de Facundo “no ocurrió en el patrullero”, sino en el cangrejal de Villarino Viejo donde sus restos fueron hallados el 15 de agosto último, sin que se detectaran “lesiones vitales, ni se observan signos de intervención de terceros”.

“De las hipótesis desarrolladas por los acusadores no se reconstruye una teoría del caso coherente, lógico, razonable y completo para esta altura de la investigación”, agregó.

Para Marrón, el hecho de que un policía mencionado en la causa haya borrado el contenido de su celular “no (lo) convierte (….) en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia”.

Tampoco el hallazgo de un amuleto similar al de Facundo en el destacamento de Teniente Origone ni el de una piedra turmalina que se asemeja a una que tenía el joven en una patrulla fueron consideradas por la jueza como evidencias, sino que incluso puso en duda los hallazgos por parte de uno de los perros del adiestrador Marcos Herrero, contratado por los abogados querellantes.

“Independientemente de que se acredite que el amuleto era de Facundo, merece un párrafo aparte el origen del hallazgo que -a esta altura de la investigación- pone en duda su legalidad y por ende su validez”, dijo Marrón.

Al respecto, la jueza dijo que “la ciencia y la técnica -a través de profusa bibliografía- dan cuenta que los animales entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo” y que se habría superado el lapso en el que el can podría haber detectado el olor de Facundo.

“Por lo expuesto, resulta necesario y también forzoso que el Ministerio Público Fiscal, en cumplimiento de sus deberes y facultades, investigue el accionar del perito, frente a la gravedad de la circunstancia apuntada”, concluyó al respecto.

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UTA. Acordaron un aumento salarial del 30% para choferes de corta y media distancia

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El gremio informó que también se acordó una suma no remunerativa de $ 20.000, que será pagada en tres cuotas mensuales.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce el dirigente Roberto Fernández, y las cámaras empresarias del sector llegaron a un acuerdo salarial para los choferes de corta y media distancia, consistente en un incremento del 30 por ciento en el salario básico a partir del 1 de septiembre.

En un comunicado, la UTA informó que también se acordó una suma no remunerativa de $ 20.000, que será pagada en tres cuotas mensuales.

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El Gobierno oficializó el aumento del salario mínimo, vital y móvil en tres tramos

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A partir del primero de este mes, el salario mínimo será de $18.900 para aquellos que cumplan una jornada laboral completa y desde el 1 de diciembre pasará a ser de 20.587,50. La suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, alcanzando los $21.600 mensuales.

El Gobierno nacional oficializó hoy el aumento en tres tramos del salario mínimo, vital y móvil, que en marzo próximo quedará fijado en 21.600 pesos.

Por medio de la Resolución 4-2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, firmada por su titular, Claudio Moroni, y publicada hoy en el Boletín Oficial, se estableció así el incremento que alcanza a todos los empleados que se encuentren bajo el régimen de la ley de Contrato de Trabajo.

Según el cronograma oficializado, a partir del primero de este mes, el sueldo mínimo, vital y móvil será de $18.900 para aquellos que cumplan una jornada laboral completa, y de $94,50 para los jornaleros; y desde el 1 de diciembre, esas sumas pasarán a ser de 20.587,50 y 102,94 pesos, respectivamente.

Finalmente, la suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, cuando el salario mínimo por mes para los trabajadores de tiempo completo se fijará en $21.600, y el de los jornalizados, en 108 pesos por hora.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo también confirmó una actualización de los montos mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo, los cuales desde este lunes son de 6.000 y 10.000 pesos, respectivamente.

La propuesta de estos aumentos fue analizada la semana pasada por el sector empresarial, dos de las centrales obreras y el Ministerio de Trabajo durante la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, presidido por Moroni, que deliberó de manera virtual ante la pandemia del coronavirus en el país.

En los considerandos de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno hizo referencia a esa reunión, realizada el miércoles pasado, y de la que participaron representantes “tanto del sector empleador como del sector trabajador”.

En este sentido, se remarcó que el salario mínimo debe ser definido por ese Consejo Nacional, “teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos”.

La ley establece que este ingreso básico “debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, un objetivo que con los años se fue desdibujando porque se transformó sólo en un valor de referencia.

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