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miércoles, junio 29, 2022

La dura carta que 19 gobernadores preparan para llevar a la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad

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En un fuerte respaldo a la estrategia del Gobierno, y con duras advertencias por las “graves consecuencias” que podría tener para el federalismo, 19 gobernadores prepararon una carta que en las próximas horas presentarán ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de anticiparse a un fallo favorable a la Ciudad de Buenos Aires en la discusión por la coparticipación federal por el traspaso de la Policía Federal.

En la carta, consensuada este miércoles en una cumbre con el Presidente en Casa Rosada, los gobernadores recuerdan que por la ley 23.538 de coparticipación, a la Ciudad le corresponde el 1,4-% de la masa, pero que este porcentaje se vio “incrementado en forma desmesurada” por decisión de Mauricio Macri, como parte del reconocimiento de los fondos necesarios para cubrir el funcionamiento de la policía. En efecto, ese coeficiente quedó establecido en 3,5% hasta que Fernández, con otro decreto, lo redujo a 2,32%.

De todos modos, con la ley sancionada en el Congreso meses después, se retrotrajo a 1,4 y se fijó que para cubrir los gastos de seguridad, Nación debe transferirle a la administración porteña unos 24,500 millones de pesos actualizables trimestralmente por un coeficiente compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC). Esos fondos, a diferencia del goteo por coparticipación, se incluyen dentro del Presupuesto General.

En su planteo, los gobernadores, que este miércoles habían anunciado que se presentarían como “amicus curiae” ante la Justicia, señalan “la irregularidad” con la que se llevó a cabo la asignación de fondos y sostienen que “no se desprende de las actuaciones por las que tramitaran los decretos (de Macri) o de otra fuente de información (pública), los motivos, cálculos o estimaciones realizadas para determinar la masa de recursos” correspondiente por el traspaso de la fuerza. En ese sentido, remarcan que “apenas un mes más tarde del decreto 399/16”, que elevó a 3,75% la coparticipación, “se indicó que tales recursos serían destinados a atender las funciones de seguridad pública, tras la celebración del convenio entre la Nación y la Ciudad”.

En las tres carillas, los firmantes -todos menos Córdoba y los distritos gobernados por Juntos por el Cambio, Corrientes, Jujuy y Mendoza- denuncian que hubo una “omisión palmaria” por parte de la gestión macrista “de someter a consideración del Congreso de la Nación el convenio de traspaso, conforme lo establece el artículo 75, inciso 2, párrafo 5 de la Constitución Nacional, donde explícitamente se prevé su intervención para aprobar transferencias de competencias, servicios o funciones y la reasignación de recursos”.

Califican de “unilateral, discrecional e injustificada” la decisión de la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional al aumentar el coeficiente. “Constituyó una verdadera violación al federalismo”, apuntan. Y argumentan que “se rompió el equilibrio existente entre las jurisdicciones, se desoyó el procedimiento previsto en la Constitución”.

Acaso en el tramo más polémico de la nota, ya que se corren del área de discusión técnica, los gobernadores cuestionan que con esa decisión “se violaron los principios de equidad, solidaridad y la igualdad de oportunidades en todo el territorio, aumentando los recursos de un distrito que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias”. En rigor, el litigio tiene que ver con el costo del traspaso de la Policía porteña, no así con las posibilidades y riquezas con las que cuenta cada distrito.

Por todo eso, las provincias consideran que “es de trascendental interés para las provincias argentinas reafirmar la dimensión histórica de la decisión” del Alto Tribunal, que a partir del 26 de abril, tras los 30 días hábiles que concedió al Gobierno nacional y a la Ciudad para que se pusieran de acuerdo, podría emitir un fallo.

Tanto en el Ejecutivo como entre los gobernadores hay una creciente preocupación en que sea favorable a la Ciudad.

“Resulta indudable -apuntan- que si la Corte Suprema convalidara, ya sea con el dictado de una medida cautelar o al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, el aumento de la coparticipación dispuesto por la gestión de Macri, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo y consolidando un paradigma de desigualdad”.

Y solicitan a los ministros de la Corte “que al momento de resolver tengan en consideración los argumentos reseñados precedentemente, coadyuvando a la construcción de un federalismo justo y equitativo”.

Ya este miércoles, entre el scrum de gobernadores que habló públicamente tras el encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se había trazado una línea con alusiones a la contienda entre unitarios y federales. “Me niego a pensar que la Corte haga esto con la Nación Argentina, con las provincias que somos preexistentes, que dimos la sangre de nuestros hijos, la vida para defender y constituir nuestra nación y que una Ciudad, la más rica, se quede con nuestros recursos”, sorprendió, envalentonado, el santiagueño Gerardo Zamora.