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La diputada Andrea Charole promueve una ley de Cupo Laboral Indígena.

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La diputada provincial Andrea Charole presentó el proyecto de ley N°626/2019; ésta iniciativa impulsada por la legisladora representante de los pueblos originarios del Chaco, promueve que al menos el 1% de cada repartición estatal cuente con personal de las etnias qom, wichí o moqoit.

La norma expresa: la incorporación e inserción, como así también la participación en la vida social, económica, política y cultural de personas indígenas, integrantes de los Pueblos Originarios. Con ese fin se promueve su contratación y empleo en organismos públicos y/o privados, procurando superar las desigualdades sociales existentes en ese sentido.

Las personas que accederán a los derechos de la presente ley son aquellas que son reconocidos por el órgano fedatario, el Instituto del Aborigen Chaqueño (I.D.A.CH.), tal como lo establecen los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Provincial Nº 3258.

El Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado Provincial, sus Ministerios, están obligados a integrar personas de los Pueblos Originarios, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad del personal por cada ente.
En todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la presente Ley.

El porcentaje determinado en este artículo será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los/as contratados/as cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Los integrantes de los Pueblos Originarios que se desempeñen en el Estado gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas/os a las mismas obligaciones que la legislación aplicable prevé para los agentes de la Administración Pública Provincial.

Fundamentos de la iniciativa:

El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y por su interrelación con otras áreas de la vida.

Para las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas hay espacios específicos en donde la protección de su derecho humano al trabajo no se ha logrado garantizar a plenitud.

Los espacios de desarrollo para los indígenas que han emigrado de sus comunidades en busca de mejores oportunidades se ubican en las grandes ciudades, donde se emplean en actividades domésticas (principalmente las mujeres, pero no en exclusiva) y en la industria de la construcción (sobre todo los hombres, pero también las mujeres). Aquellos que migran al campo se ocupan como jornaleros agrícolas, actividades en las que participan con frecuencia todos los miembros de la familia, incluso los niños. Para los integrantes de los pueblos indígenas, cada uno de estos espacios laborales representa grandes conflictos. La inseguridad legal priva en ellos y es una de sus características esenciales, además de la discriminación de que son objeto. Por ejemplo, el trabajo doméstico todavía es un espacio escasamente regulado, lo que propicia injusticias como baja remuneración respecto del trabajo desempeñado, y en el que sobreviven modalidades semi serviles de contratación para aquellas personas que laboran en forma permanente en casas, jornadas excesivas, malos tratos, abusos —inclusive sexuales—, y ausencia de prestaciones de ley, etcétera. Situación similar se presenta entre los empleados en la industria de la construcción, quienes también son explotados en jornadas excesivas, sin recibir una remuneración justa y desprovista de las prestaciones de seguridad social y salud.

Desde que llegaron los invasores europeos a nuestro continente, los Pueblos Originarios han debido luchar, no sólo para salvar sus vidas, sus familias, sus territorios, sino también para hacer respetar una forma de vida propia.
Esa forma de vida debió soportar todo tipo de atropellos, hasta que varios siglos después fuera reconocida su existencia física y la de su alma.
Esos derechos, provienen de una forma de vida comunitaria y con una relación armónica con la naturaleza que los rodeó siempre. Reglas tan simples y básicas, como respetar para ser respetado; la solidaridad y ayuda entre los miembros de una comunidad no fue un simple enunciado, el fundamental respeto a las representaciones de la naturaleza: el sol, la luna, el cerro, los ríos, y todo aquello, que sin tener forma humana, convivía y conviven con ellos en su hábitat. Todas esas formas, esas costumbres ancestrales, esa cosmovisión, se plasmaron tácitamente en lo que se ha conocido como derecho consuetudinario o de costumbres. Estas fueron las reglas en las que basaron su convivencia, y que durante muchos siglos ayudaron a una coexistencia equilibrada.
En este sentido, un renglón especial lo merece el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos, que pone en alto el respeto sobre la decisión de los mismos a decidir sobre su propio destino. Esto se tradujo en el Consentimiento Libre, Previo e Informado que se establece en el Convenio 169.

La justicia no se consigue solo con instrumentos jurídicos; la legislación debe ir siempre acompañada en todo momento de la movilización y lucha.
Mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades abarca aspectos como regularización de ingresos, alimentación, salud y autoestima, a través de la protección de los recursos naturales comunitarios y de su utilización sustentable, en base a un diálogo intercultural entre portadores de conocimientos tradicionales y modernos.

Existen diversos antecedentes internacionales, por las cuales se intentó proteger este derecho humano del trabajo indígena:
1).- Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas (ONU 1994)
Artículo 18: “Los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y en la legislación laboral nacional.
Las personas indígenas tienen derechos a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, empleo o salario”.
2).- Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Durante más de dos décadas los pueblos indígenas del mundo buscaron concretar esta declaración debido a su gran repercusión moral en la comunidad mundial.

Respecto del trabajo, dispone en su artículo 17:
1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, deberán tomar medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario.
El artículo 20 estipula que los pueblos indígenas tienen derecho “a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo”. Además, en el caso de los “pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo, tienen derecho a una reparación justa y equitativa”.
Por su parte, el artículo 21 asienta:
Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la salud y la seguridad social.
Además, afirma que “Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales”.
3).-Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (1979). Este documento internacional es el único jurídicamente vinculante en materia indígena. En cuanto al trabajo, su artículo 4 dice: “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos [[]indígenas]”; asimismo, su artículo 5 ordena que al aplicar las disposiciones del Convenio 169 “deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.

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El Concejo Municipal de Resistencia aprobó resoluciones para ejecutar trabajos y servicios publicos

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El Concejo Municipal de Resistencia aprobó varias resoluciones encomendando al Departamento Ejecutivo Municipal, a que ejecute una serie de trabajos y servicios públicos en la ciudad.

Se trata de las siguientes iniciativas: limpieza y erradicación del minibasural ubicado en calle Fortín Alvarado al 1.510 de Villa Libertad, Marcos Paz 1.545 de Villa Don Enrique y Echeverría al 2.850 en Villa Don Alberto. Perfilado y colocación de ripio en Pasaje Riacho Caroli al 2.900 del barrio Aramburu; limpieza, desmalezado y mantenimiento de los basurales ubicados sobre la avenida Malvinas Argentinas al 2.400, del barrio Insssep; limpieza y erradicación del minibasural ubicado en la intersección de las calles Martín Lestani y Cataratas del Iguazú de Villa Barberán, intersección de la calle Pio XII y Arazá, de Villa Ercilia; Castelli y 28, del barrio La Rubita; Pasaje Marconi al 1.220, de Villa Don Enrique y en calle Belgrano al 698, del barrio Atlántico Sur.

Limpieza y erradicación del minibasural, ubicado en la intersección de las calles Virgen del Valle y San Bernardo; Fortín Rivadavia y España y en calle Fortín Rivadavia al 3600.

De igual manera en avenida Sarmiento al 1.300 de Villa Altabe; calles Villa Berthet y avenida Juana Azurduy, del barrio 360 Viviendas; Martina y Pasaje Echeverri Garay, y en intersección de la avenida Martina y Coronel Falcón.

Reparación y limpieza de las bocas de tormenta ubicadas en la intersección de calles San Lorenzo y José Mármol, del Villa Centenario.

OTROS ASUNTOS

Por ordenanza y de autoría de Gustavo Martínez, en conjunto con su par María Teresa Celada, se impondrá el nombre de “Doctora Julieta Lanteri” al parterre de avenida Rivadavia del 300 al 400. Será a las 20:30 el próximo viernes 22, en ese sector.

Otro proyecto similar la muestra de arte “Mujeres Soñadoras”, que se llevará a cabo el 29 de marzo en el “Multi Espacio Creativo Marta Acosta”.

También habrá otros actos similares, denominando “Raúl Oscar Cerruti” al parterre ubicado en Vélez Sarsfield, del 300 al 400 y el de “Luis Fernando Ortiz” al en Vélez, del 200 al 300.

Además, fueron declaradas de interés municipal, las actividades de vacunación a llevarse a cabo el 21 de marzo en el barrio Ángel de la Guarda y el 26 en el barrio Santa Rita.

De igual manera fue para la entrega de pizarras a distintos bares culturales de la ciudad de Resistencia, ante la celebración del 21 de marzo del “Día Mundial de la Poesía” y el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, el 24 de marzo de cada año.

También fueron declarados de interés municipal el Día de la Visibilidad Trans, a celebrarse el día 31 de marzo; la Jornada “Mujeres por una Ciudad Justa”, a desarrollarse el 21 de este mes en el recinto de la Cámara de Diputados.

 

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Elida Cuesta “Los estudiantes serán protagonistas de una sociedad madura y responsable”

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En las instalaciones del Instituto Educativo Privado Luis Federico Leloir (UEP 48) se desarrolló este martes 19 la presentación del Poder Legislativo Juvenil, el innovador programa que cuenta con el aval del Ministerio de Educación y va dirigido a estudiantes secundarios para sumarlos a la vida cívica y democrática a través de su participación como legisladores.

La ceremonia de presentación fue presidida por la titular de la Cámara de Diputados, Elida Cuesta; quien estuvo acompañada por los legisladores Nadia García Amud, Hugo Domínguez, María Elena Vargas y Andrea Charole; la directora de la institución educativa, Ana Dilizza; y el profesor a cargo de la actividad, Alexis Rumbo Argañaraz. En representación del Ministerio de Educación estuvieron la directora general de Políticas Socioeducativas, Mariana Bergara; y la directora de Salud Educativa, Karina Ponce de León. Asimismo, asistieron al acto padres, alumnos y personalidades destacadas interesadas en este novedoso programa.

“Nuestros jóvenes son el futuro y es indispensable escuchar sus opiniones, ideas y propuestas, involucrarlos para generar un consenso social pluralista, participativo y democrático de cara a una sociedad madura y responsable de la que ellos serán parte”, afirmó Cuesta. “Queremos conocer su visión de las cosas para así gestar y formar su deber cívico, tan importante ya desde la etapa secundaria”, agregó.

Esta iniciativa de la presidenta legislativa fue sancionada unánimemente por diputados y establecida bajo la Ley Nº 2982-A, la cual modificó la normativa precedente 7449; busca fomentar la participación política de los jóvenes alumnos a través de la elección de 32 legisladores titulares y sus respectivos suplentes, de todos los colegios secundarios de la provincia. “En breve conformaremos una comisión interinstitucional que estará encargada de proveer las herramientas necesarias para que los estudiantes estén debidamente capacitados para realizar la primera sesión de este Poder Legislativo Juvenil”, anticipó la diputada.

Por su parte, la legisladora García Amud mencionó que esta presentación es un paso más hacia la concreción de este proyecto “tan anhelado, tan trabajado, en principio por el diputado Domínguez y luego por la presidenta de la Legislatura, quien le ha dado el empuje final necesario”. Asimismo, mencionó que se encuentran en las últimas presentaciones y que esta instancia “es el camino a la recta final, porque ya estamos dando a conocer el programa, pero también contando a los chicos de la presentación a la comisión interinstitucional, la cual va a recibir y seleccionar las postulaciones y a partir de ahí definir quiénes van a ser los 32 titulares y 32 suplentes”.

“Es fundamental que ellos comprendan la necesidad de entender la problemática, de buscar consenso y poder debatirlo dentro de un ambiente pacífico toda vez que se encuentren ante una situación problemática. Ese es el camino, el del entendimiento, y así es que se pueden concretar las cosas, es la mirada a futuro que nosotros pretendemos que ellos tengan”, mencionó.

Participación activa de la juventud

Domínguez expresó por su parte que este programa es resultado “de una de las primeras leyes que saqué con la idea de que haya un Poder Legislativo Juvenil en la provincia y hoy, con el apoyo de Elida Cuesta, logramos avanzar en este sentido con el objetivo de que la juventud participe en política democráticamente”.

En tanto Charole se mostró feliz de poder participar de la presentación de este programa que se va a implementar en los establecimientos secundarios. “Resalto la participación de los estudiantes, para nosotros es muy importante y la amplia convocatoria nos demuestra el interés de los alumnos, así que vamos a continuar en otras escuelas promoviendo la inclusión de los jóvenes”, destacó.

Y para finalizar, la presidenta de la Comisión de Educación expresó su beneplácito con esta instancia porque la educación y la política están muy ligadas, fundamentalmente porque la educación es la única que puede derribar las injusticias del hambre, la pobreza y la violencia. “La política es considerada como una de las actividades humanas que más nos enseña a resolver y a enfrentar los conflictos en forma democrática”, concluyó Vargas.

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Barrios de Pie y otras organizaciones realizarán ollas populares en el puente Chaco Corrientes

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La organización social se manifestará este miércoles a las 10 junto a otras agrupaciones en el puente Chaco-Corrientes. Realizarán ollas populares en el marco de una jornada nacional que se llevará adelante en 23 provincias. Se expresan en contra del ajuste de Macri y la falta de respuesta del gobierno.

El coordinador provincial de Barrios de Pie Chaco, Cristian Lezcano, expresó: “pedimos al gobierno nacional y a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, que brinden más asistencia a los merenderos y comedores, en donde la concurrencia de niños y niñas, y familias completas, va en aumento. Además, pedimos la apertura y aumento de los programas sociales”.

Agrega que: “frente a la negativa del gobierno de no dar respuesta ante la enorme crisis social que están viviendo muchas familias, hemos decidido dar continuidad a un reclamo que se manifestará este miércoles en 23 provincias. Las organizaciones sociales somos, junto a los vecinos y vecinas de los barrios, quienes juntamos fuerzas y nos solidarizamos para contener la terrible situación de muchas familias”, continuó Lezcano.

Por último, manifestó que: “Los aumentos de productos y servicios afectan mayormente a las familias que menos tienen. Todo aumenta menos las asignaciones familiares, los salarios, las jubilaciones, es por eso que venimos exigiendo hace meses al gobierno nacional la apertura y ampliación de los programas sociales, que son una ayuda mínima pero necesaria en estos tiempos para las familias. Donde padres y madres se encuentran desempleados o haciendo changas para poder poner un plato de comida y una copa de leche en la mesa”.

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