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Indec lanza un censo económico para relevar las características de las empresas

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El último censo económico que se hizo fue en el período 2004/2005. Según datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica empresarial (OEDE), durante los últimos cuatro años, la cantidad de empresas activas cayó de 604.908 en 2016 a 576.611 en el 2019.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) lanzará a fin de mes la primera etapa del Censo Nacional Económico con el objetivo de conocer la demografía empresarial de la Argentina a través de un trabajo digital que abarcará a las sociedades financieras y no financieras, personas inscriptas en el régimen del monotributo y autónomos, e instituciones sin fines de lucro.

“Buscamos caracterizar la actividad económica para sacar una nueva foto sobre nuestra matriz productiva. Será un operativo fundamental para actualizar y mejorar todas las estadísticas de producción de la Argentina”, señaló a Télam el titular del Indec, Marco Lavagna.

El último censo económico que se hizo “fue en el período 2004/2005 y en realidad hoy vemos muchas actividades que en aquel entonces no existían, o en todo caso no tenían mayor relevancia, y luego registraron un crecimiento fenomenal”, explicó Lavagna.

“La primera etapa será 100% digital y todas las personas que producen bienes y servicios tendrán que completar un cuestionario a través de la aplicación e-CNE. Esto, en definitiva, terminará generando mayores posibilidades para la toma de decisiones en el ámbito público y en el privado”, indicó el titular del Indec.

En la primera etapa se avanzará con un registro estadístico digital destinado a todas las unidades económicas con actividad en el territorio nacional, mientras que la segunda contempla un conjunto de encuestas estructurales económicas y sectoriales para obtener información sobre producción e insumos desagregados por actividad y por producto, canales y márgenes de distribución.

El relevamiento se realizará a través de un cuestionario digital desarrollado en el Indec, denominado e-CNE, y se estima que más de 5.500.000 personas humanas y jurídicas completarán el censo a través de la aplicación en línea.

El censo comenzará el 30 de noviembre y se extenderá durante seis meses. Las personas jurídicas estarán habilitadas para completar el censo entre el 30 de noviembre y el 31 de enero de 2021, de acuerdo con el último número de su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

El mismo criterio se aplicará para las personas humanas entre febrero y junio de 2021. Quienes participen de cada instancia recibirán la convocatoria para completar el censo en su domicilio fiscal electrónico y, además, tendrán acceso a distintos videos tutoriales para conocer cómo ingresar al sistema y cargar la información en forma rápida y segura.

Para ingresar al e-CNE se requerirá la validación de la identidad de las personas mediante su número de CUIT y clave fiscal en la plataforma Autenticar y luego el sistema redireccionará a un sitio seguro del Indec para completar el censo.

Las preguntas que se responderán en esa aplicación girarán en torno a la descripción de la actividad de la empresa, facturación anual sin IVA y cantidad de trabajadores en relación de dependencia.

Una vez finalizada la fase inicial se creará el registro estadístico de unidades económicas (REUE), que se actualizará de forma periódica con registros administrativos y permitirá construir el marco maestro de muestreo para los indicadores económicos de coyuntura.

Los datos más actualizados sobre cantidad de empresas los ofrece el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), que funciona la bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.

El OEDE es un sistema de información construido a partir de la vinculación de diversos registros administrativos adaptados para usos estadísticos, con el objetivo de elaborar un conjunto de indicadores para el análisis estructural y dinámico del empleo y de las empresas.

Según datos publicados por el OEDE durante los últimos cuatro años, la cantidad de empresas activas cayó de 604.908 en 2016 a 576.611 en el 2019. Estas mediciones no discriminan por unidades de negocios sino que toman en forma unitaria a muchas compañías que desarrollan su actividad a través de un gran número de empresas supervisadas por la casa matriz.

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Cada provincia decidirá según su situación sanitaria la vuelta a clases

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El Ministerio de Educación de la Nación recomendará a las provincias iniciar el ciclo 2021 con clases presenciales, pero la decisión final quedará en manos de cada gobernador. Antes de tomar la determinación, las jurisdicciones analizarán su escenario sanitario y el nivel de infectados en la región.

 

De esta forma, la cartera que conduce Nicolás Trotta establecerá pautas nacionales para la vuelta a clases pero serán los gobernadores los que luego definan si toman o no esa recomendación. “Las jurisdicciones educativas tienen autonomía. Se construye consenso para que la presencialidad sea el ordenador del ciclo 2021″, le dijeron a este medio desde el Ministerio de Educación.

Lo mismo ocurrió con las restricciones de circulación nocturnas, que el Gobierno de Alberto Fernández le propuso a los mandatarios provinciales. Eran en rigor, una recomendación pero nunca de cumplimiento obligatorio.

El objetivo del Gobierno es generar consenso entre las 24 jurisdicciones para promover la presencialidad por lo que se trabajará en un esquema de acuerdo a la actualidad sanitaria de cada región del país.

Trotta se encuentra en este momento en el interior del país, en el marco de un viaje por diversas provincias. Allí dialogará con las autoridades locales y les transmitirá la intención de la Casa Rosada de iniciar el ciclo lectivo 2021 con los chicos en las aulas, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Este miércoles el funcionario se reunió con el gobernador Juan Manzur en Tucumán y un día antes había estado con Gerardo Morales en Jujuy. Antes, también había estado con Martín Cánepa su par salteño.

 

De esta forma la idea de la Casa Rosada es instrumentar una herramienta similar a la utilizada para recomendar que las provincias adopten restricciones nocturnas para frenar la circulación de personas y detener la suba de casos de coronavirus. En este caso el Ministerio de Educación de la Nación emitirá un documento en el que se detallarán pautas para la vuelta a la presencialidad. Se espera un semáforo sanitario educativo que indique si se puede avanzar o no con el regreso a clases.

La decisión de retomar las clases de manera presencial es resistida por parte de los gremios docentes, que exigen la inmunización de maestros y profesores. Sin embargo la empresa no asoma sencilla si se tiene en cuenta que hasta el momento solo recibieron una dosis poco más de 100 mil personas, la mayoría personal de salud.

Los gremios ponen en duda la fecha del ciclo lectivo presencial
Desde los gremios plantearon que no saben si las clases presenciales van a empezar el 17 de febrero, en el caso de Capital Federal. López, de Ctera y UTE, dijo que “todo indica que no”. Afirmó que si se guían “por los indicadores de los semáforos del ministerio de Educación de la Nación aprobados el año pasado ni se tendría que estar discutiendo”. Entre otras cuestiones, el gremialista afirmó que los indicadores demuestran que la curva de contagios crece y que “no tiene que haber clases”.

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Telefonía móvil fueron las más sancionadas por incumplir con el registro “No Llame”

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Las prestadoras de servicio de telefonía móvil fueron el año pasado las empresas más denunciadas y sancionadas por cuestiones relacionadas con llamadas de publicidad o marketing telefónico, según el ranking elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública en base al Registro Nacional No Llame.

Ese registro reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias. Debido a esto, las empresas de publicidad y marketing telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el Registro Nacional No Llame.

Las sanciones impuestas a las empresas alcanzan un monto de 78 millones de pesos.

El podio de las empresas más sancionadas en 2020 por incumplir con la Ley 26.951 de Registro Nacional No Llame fue encabezado por Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar); seguida por Telecom Argentina S.A. (Personal), AMX Argentina S.A. (Claro) y DIRECTV Argentina S.A.

El titular de una línea de teléfono fija o móvil puede registrarla simplemente con su número de DNI y trámite, que aparece en la parte inferior del DNI tarjeta.

“Las sanciones impuestas a las empresas alcanzan un monto de 78 millones de pesos”, precisó la agencia en un comunicado.

Por otra parte, la agencia recordó que se pueden realizar consultas y denuncias en el sistema del Registro Nacional No Llame.

“El titular de una línea de teléfono fija o móvil puede registrarla simplemente con su número de DNI y trámite, que aparece en la parte inferior del DNI tarjeta. La inscripción entrará en vigencia dentro de los 30 días posteriores a su confirmación”, precisó el comunicado.

“Una vez registrado y confirmado, si el usuario continua recibiendo llamadas de empresas de publicidad o marketing telefónico, podrá realizar la denuncia las 24 horas del día completando el formulario disponible en el sitio web”, concluyó.

El sitio de la Agencia de Acceso a la Información Pública es : https://www.argentina.gob.ar/aaip

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Imputaron al médico que recetó dióxido de cloro al paciente que falleció en el Otamendi

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La denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado y que tendría “carácter nocivo” para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.

El médico que recetó el dióxido de cloro a un paciente con coronavirus, que luego murió en el Sanatorio Otamendi, quedó imputado en una causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud, en tanto que este martes a la noche se encontraron pruebas durante un allanamiento a su consultorio, informaron hoy fuentes judiciales.

La causa contra el médico quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que está de turno durante la primera quincena de la feria judicial de enero, quien este martes ordenó el allanamiento al consultorio de Dante Coverti, que resultó “positivo”.

El médico, según asociaciones científicas que denunciaron al juez Javier Pico Terrero ante la Magistratura, no es especialista en neurocirugía tal como se presenta.

Durante el allanamiento, que se inició poco después de las 21 de ayer y culminó a las 23, la policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias encontradas en el consultorio del neurocirujano ubicado en Ayacucho 626, de la ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores explicaron a Télam que la pesquisa se inició por la denuncia presentada este martes ante la policía “como un hecho de prevención”, y el objetivo del procedimiento realizado fue “preservar la prueba” que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y ahora “será analizada”.

Esta denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado al paciente Oscar García Rúa y que tendría “carácter nocivo” para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.

Por ello, el médico está imputado y es investigado aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsele, precisaron las fuentes.

Por el mismo caso, asociaciones científicas denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por presunto “prevaricato” y por dictar una resolución “contraria a las normas de salud pública” a Pico Terrero, que autorizó la prescripción de dióxido de cloro al paciente de 92 años con coronavirus.

La denuncia contra Pico Terrero

La denuncia fue presentada ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y se pidió que “en el momento procesal oportuno se impongan las máximas sanciones”, según el texto al que tuvo acceso Télam.

El magistrado admitió como válida una medida cautelar que ordenó al Sanatorio Otamendi y Miroli a tratar con dióxido de cloro al paciente que finalmente falleció.

Entre las denunciantes figuran la Fundación Huésped, la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y la Sociedad Argentina de Infectología.

“Resulta evidente el desempeño apresurado y negligente del magistrado denunciado, toda vez, que más allá de la premura necesaria para dictar una medida cautelar, omitió haber consultado a los organismos correspondientes, como el propio Cuerpo Médico Forense y las sociedades científicas con competencia en la materia”, sostienen los denunciantes.

En ese aspecto, remarcaron que “incluso una rápida consulta en cualquier buscador de internet, habría permitido al Magistrado conocer los peligros y advertencias que instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologías (Anmat), han hecho con relación al producto cuya aplicación él ordenara en forma perentoria” al sanatorio Otamendi.

Además, advirtieron que el magistrado denunciado “con tan solo una receta formulada por un médico que se presenta como especialista en neurocirugía, resuelve obligar a la institución donde se encuentra internado el paciente, a arbitrar los medios conducentes para la implementación del tratamiento indicado, consistente en una sustancia altamente tóxica para la salud”.

“En este punto conviene advertir, según se desprende de la documental adjunta, que el mencionado médico no solo no es especialista en neurocirugía, sino que al mismo tiempo aunque lo fuera, debería haber advertido el magistrado que dicha especialidad médica se encuentra lejos de su ámbito de competencia la indicación de una formulación para el tratamiento de una enfermedad infecciosa”, sostuvieron los especialistas.

La administración de dióxido de cloro “no solo no se encuentra autorizado o registrado su uso por la Anmat, sino que por el contrario desde agosto del año 2020 se encuentra expresamente desaconsejado su uso por la multiplicidad de eventos adversos”, agregaron

“El médico que ha realizado la indicación con palmaria negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas que regula el ejercicio profesional, fue denunciado a las autoridades sanitarias, a fin de la promoción de las eventuales denuncias administrativas y judiciales que pudiesen corresponder”, reseñaron.

En la denuncia, se acusó al magistrado de “prevaricato”, el dictado de resoluciones contrarias a derecho.

Comunicado del Otamendi

A través de un comunicado el Sanatorio Otamendi señaló que “acató inmediatamente la orden judicial, sin perjuicio de haber interpuesto los recursos legales correspondientes por tratarse de compuestos cuya utilización en pacientes covid positivos fue enfáticamente desaconsejada por la Organización Panamericana de la Salud, la Anmat, la Sociedad Argentina de Infectología, y tantas otras”.

“La administración de los compuestos mencionados fue llevada a cabo únicamente por el médico tratante, cuya especialidad no está relacionada con la materia” y no pertenece a ese centro, indicó y precisó que “tal cual se consigna en todos los seguimientos realizados, el paciente no presentó ninguna mejora clínica”.

Sobre el uso del dióxido de cloro y la decisión del juez, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró hoy que “si la Anmat no aprueba el dióxido de cloro, está prohibido y no debe aplicarse a humanos en nuestro país”.

La decisión judicial de Terrero Pico había sido repudiada por 45 sociedades científicas que advirtieron que es un tratamiento que no está autorizado por la Anmat.

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