El pase verde sanitario sería para saber si el portador se vacunó, se realizó un test o superó la enfermedad. La UE vive en la actualidad un intenso debate sobre cómo se podría utilizar el mismo.

Algunos países alegan que una medida así podría dividir a las sociedades de forma que personas inoculadas tendrían condiciones de disfrutar de una vida libre de restricciones, mientras la mayoría, a la espera de su vacuna, continúe bajo normas restrictiva

La Comisión Europea (CE) planea presentar este mes un proyecto de ley para crear un “pase verde” sanitario que registre si su portador se vacunó contra el coronavirus, se hizo un test o superó la enfermedad, anunció hoy la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

“Presentaremos este mes (al Parlamento Europeo) una propuesta legislativa para un Pase Verde Digital”, anunció Von der Leyen, presidenta del Ejecutivo del bloque comunitario, en su cuenta de Twitter.

Agregó que la iniciativa tendrá como objetivo “poder confirmar la vacunación de la persona, los resultados de las pruebas para aquellos que no pudieron vacunarse, o la información de que el coronavirus fue superado”.

Según la presidenta de la CE, el documento garantizará a su titular la protección de sus datos personales, su seguridad y privacidad.

En forma separada, durante una reunión con eurodiputados y diputados alemanes, Von der Leyen dijo que la CE buscaría “en los próximos meses” crear una base técnica para un certificado digital aceptado en los 27 países de la UE, informó la agencia de noticias AFP.

El término de “pase verde” utilizado por Von der Leyen es el mismo empleado por Israel para referirse a un documento digital o impreso que demuestre que el portador ha sido inoculado y, por lo tanto, puede entrar en lugares de entretenimiento, deportivos y gastronómicos.

La UE vive en la actualidad un intenso debate sobre cómo se podría utilizar un pase verde europeo de este tipo.

Países que dependen de una retomada del turismo, como Grecia, y las empresas aéreas aspiran que el documento sirva como un “pasaporte sanitario” que permita a las personas inmunizadas evitar pruebas o cuarentenas al viajar.

Sin embargo, la mayoría de los países de la UE -liderados por Francia y Alemania- consideran que es prematuro para una iniciativa de este tipo.

Estos países alegan que una medida así podría dividir a las sociedades de forma que personas inoculadas tendrían condiciones de disfrutar de una vida libre de restricciones, mientras la mayoría, a la espera de su vacuna, continúe bajo normas restrictivas.

La República Dominicana iniciará este año la construcción de una verja en la frontera con Haití, con el objeto de “poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y transito de vehículos robados” en esa zona, informó este domingo el presidente, Luis Abinader.

“En la segunda mitad de este año 2021 empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países”, dijo Abinader en su mensaje anual de rendición de cuentas ante el Congreso.

Las medidas “combinarán los medios físicos y tecnológicos, e incluirán una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos”, explicó el mandatario.

“Con todo ello y en un plazo de dos años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y transito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia”, agregó Abinader.

El anuncio se produjo en medio de una grave crisis política en Haití y coincidiendo con el aniversario de la independencia de República Dominicana de su vecino en la isla La Española.

La fiscalía había solicitado que el exmandatario de derecha (2007-2012) fuera condenado a cuatro años de cárcel, dos de ellos firmes, por haber intentado sobornar a un juez con un puesto muy codiciado a cambio de información sobre un proceso en su contra.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a tres años de cárcel, uno de ellos firme, por un tribunal de París que lo halló culpable de los delitos de corrupción y tráfico de influencias, informó la agencia de noticias francesa AFP.

La fiscalía había solicitado que el exmandatario de derecha (2007-2012) fuera condenado a cuatro años de cárcel, dos de ellos firmes, por haber intentado sobornar a un juez con un puesto muy codiciado a cambio de información sobre un proceso en su contra.