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Fin de año conflictivo: convocan a sesionar en verano para apurar los proyectos del Gobierno

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El oficialismo llamará a sesiones extraordinarias con el objetivo de mantener activo el Congreso en los meses de verano y avanzar con una demorada agenda de proyectos, entre las necesidades de la Casa Rosada y las presiones del kirchnerismo por impulsar iniciativas que cosechan el rechazo de la oposición.

Faltan escasas semanas para que finalice el año legislativo y un cúmulo de proyectos de ley, algunos de ellos complejos y conflictivos, están pendientes de debate en la Cámara de Diputados. Las miradas recaen sobre el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y en su habilidad para pivotear entre las prioridades de la Casa Rosada y la presión del kirchnerismo por avanzar con una serie de iniciativas que rechaza la oposición y tienen a maltraer al empresariado, con el que el tigrense cultiva una buena relación.

Entre ambas agendas, Massa privilegiará los proyectos que provienen de la Casa Rosada y, en especial, aquéllos que Martín Guzmán, el ministro de Economía, requiera con cierta urgencia. Sucedió con el presupuesto 2021: tras un mes de negociaciones con gobernadores peronistas y opositores, el jueves pasado se votó un proyecto con más de 40 artículos nuevos y promesas varias para atender las demandas, sobre todo internas.

Massa lo festejó como un triunfo personal. Habrá que ver cuánto le dura la alegría: Máximo Kirchner y su bloque de diputados sacaron turno hace tiempo para que se debata en el recinto el impuesto que grava las grandes riquezas, cuyo dictamen está listo (y demorado) desde setiembre pasado.

No es un secreto que Massa es poco entusiasta frente a este proyecto. El presidente Alberto Fernández y su ministro Guzmán tampoco lo pusieron entre sus prioridades , aunque en público dieran muestras de respaldo. Con el argumento de otras urgencias, Massa demoró su tratamiento por varios meses pese que lleva el sello de Kirchner.

La ausencia de Máximo Kirchner para dar el discurso de cierre en el debate por el presupuesto fue percibida como otro desplante para el GobiernoLa ausencia de Máximo Kirchner para dar el discurso de cierre en el debate por el presupuesto fue percibida como otro desplante para el Gobierno Fuente: Télam – Crédito: Julián Álvarez
El jefe del bloque oficialista calla y espera. Si bien mantiene una buena relación con Massa, su diálogo con él se habría enfriado en el último tiempo, al igual que con el presidente Fernández. No pasó desapercibido su faltazo en el homenaje que el primer mandatario ofreció a su padre, Néstor Kirchner, en el décimo aniversario de su muerte. También desató suspicacias internas su decisión de no dar el discurso de cierre del debate de la ley de presupuesto: no pocos interpretaron que se trató de otro desplante.

Así las cosas, el impuesto a las grandes riquezas aún no tiene fecha cierta de debate. En la misma condición se encuentran otros dos proyectos kirchneristas también polémicos: el de Fernanda Vallejos que prohíbe toda ayuda estatal a empresas vinculadas a firmas offshorey otro de Máximo Kirchner que prohíbe el cambio de uso de los terrenos afectados por incendios.

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Pero el que más urticaria genera en el empresariado es el que pretende gravar las grandes fortunas. Además del oficialismo, todos los bloques opositores, salvo Juntos por el Cambio, lo avalan. El presidente de la Cámara de Diputados analiza la idea de disimular el proyecto en el debate de la reforma tributaria, prometida por el Ministerio de Economía pero que aún no presentó.

Movilidad jubilatoria y reforma judicial

Tampoco vio la luz todavía el proyecto sobre movilidad jubilatoria. Se trata de una iniciativa clave que el Gobierno deberá tener aprobada antes de fin de año, cuando vence la suspensión de la fórmula votada en 2017 para la actualización de los haberes. Desde entonces el Poder Ejecutivo actualizó las jubilaciones por decreto, una medida que le redituó un ahorro de al menos $72.000 mil millones. Es lo que hubiese erogado este año si estuviera vigente la movilidad jubilatoria del gobierno macrista.

La discusión en el Congreso se anticipa compleja: la oposición -incluidos los bloques aliados- no acompañarán fácilmente una nueva fórmula de actualización de haberes que redunde en un perjuicio explícito a los jubilados. Sospechan que la propuesta del Gobierno iría en ese sentido: según trascendió, la fórmula se compondrá en un 70% de la variación salarial (el índice Ripte) y en un 30% de la recaudación, lo que dejaría a los haberes previsionales por detrás de la inflación.

Juntos por el Cambio promete dar batalla. Se acerca fin de año y se asoma, inquietante, el fantasma de diciembre de 2017, cuando se aprobó la reforma jubilatoria macrista en medio de una batalla campal frente al Congreso. El Gobierno se sabe en una encrucijada: este mes vendrá una nueva misión del Fondo Monetario Internacional y la reforma jubilatoria es una de sus asignaturas pendientes.

Lo último que quiere Massa es un fin de año conflictivo. Por eso, difícilmente prospere antes de 2021 la reforma judicial, con media sanción en el Senado. El Presidente nunca imaginó que esta iniciativa, un emblema en su campaña electoral, iba a darle tantos dolores de cabeza: la oposición lo acusó de pretender colonizar con magistrados afines los tribunales federales en nombre de la impunidad de Cristina Kirchner, la legión kirchnerista en el Senado desdibujó la letra de la iniciativa con la inclusión de miles de cargos judiciales a último momento y la vicepresidenta la desacreditó.

Pasaron dos meses desde la media sanción del Senado y Massa ni siquiera dio el puntapié inicial para que comience el debate en comisión. Sabe que no cuenta todavía con la mayoría de los votos para aprobarla, por lo que forzar su tratamiento sería suicida, razonan en su entorno.

Tampoco hizo hasta ahora demasiados esfuerzos por apurar otro proyecto conflictivo: aquel que propicia una quita de la coparticipación a la Capital por $24.500 millones, también con media sanción del Senado, pero que todavía espera su turno en la Cámara baja.

Sabida es la amistad de Massa con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. El tigrense nunca avaló que el Gobierno, instigado por el kirchnerismo, se enfrentara con uno de los pocos referentes de Juntos por el Cambio que apoyó al Presidente en los momentos más aciagos de la pandemia.

Una votación con ruptura en Juntos por el Cambio

Rodríguez Larreta, al igual que los gobernadores opositores de Juntos por el Cambio, saben reconocer los gestos y operaron para que Juntos por el Cambio no votara en contra de la ley de presupuesto en la Cámara baja. La principal bancada opositora optó por la abstención en un gesto para no obstaculizar el debate. Aun así, media docena de diputados, en su mayoría de Pro, apoyaron la iniciativa. Massa estaba exultante: no solo había logrado aprobar la media sanción sin dificultades, sino que se vanaglorió de haber provocado una fisura en el conglomerado opositor.

En Juntos por el Cambio minimizaron estas diferencias en la votación y aseguraron que estaban acordadas desde un principio con los gobernadores. “Después de todo, esos votos no cambiaban el resultado final de la votación”, aseguraban. Exaltaron la unidad de la bancada y desmintieron fracturas, aunque en las últimas horas se conoció que uno de los suyos, el diputado riojano Felipe Álvarez, de Pro, decidió dar un portazo para formar un bloque -Acción Federal- junto al chubutense Antonio Carambia, quien pertenecía al bloque Unidad y Equidad Federal, de José Ramón, aliado oficialista.

Álvarez ya venía dando muestras de disconformidad con la rigidez opositora de Juntos por el Cambio. No solo apoyó el presupuesto el jueves pasado; también fue el único legislador de Juntos por el Cambio que asistió al acto en la Casa Rosada en el que el Presidente presentó la reforma judicial. Massa se refriega las manos: con un bloque oficialista a pocos votos de alcanzar la mayoría, cualquier nuevo aliado es más que bienvenido.

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PreViaje: prorrogaron el plazo para acceder a la devolución del 50% en Turismo

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Quienes deseen viajar en enero o febrero tienen tiempo ahora hasta el próximo 15 de noviembre para contratar sus paquetes y beneficiarse del programa PreViaje. El plazo finalizaba este sábado.
El plazo establecido para la compra de servicios turísticos para viajar en enero y febrero de 2021 con acceso al reintegro del 50% establecido en el marco del programa PreViaje fue prorrogado hasta el próximo 15 de diciembre por decisión del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que fue celebrada desde el sector turístico.

De hecho, la extensión de ese plazo -que vencía mañana- había sido solicitada por los empresarios del sector con el propósito de maximizar el aprovechamiento de los beneficios de este programa de preventa turística que busca impulsar la reactivación de uno de los rubros más golpeados por la pandemia.

En tanto, los turistas que quieran viajar entre marzo y diciembre del año próximo tendrán plazo hasta el 31 de diciembre para adherir a los beneficios de este plan.

“El programa tuvo una muy buena recepción y generó muchas consultas, pero era necesario sumar más tiempo para que se conviertan en ventas y así impulsar la temporada de verano en nuestro país”, señaló la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

“Es importante que los argentinos sepan que llegó el momento de volver a viajar y que las agencias de viajes son la mejor manera de contratar y aprovechar los beneficios del programa de Previaje, agregó la Faevyt a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) mostró su satisfacción por la prórroga, aunque estimó que ese plazo se debería ampliar.

El titular de la CAT, Aldo Elías, sostuvo que “el plan es muy bueno y entendemos que las contrataciones van a crecer con más fuerza a medida que haya más certezas sobre las formas en que se va a desarrollar la temporada de verano”, por lo cual era “necesario ampliar los plazos”.

El plan, que inyectará 30.000 millones de pesos en el sector, prevé que el Ministerio de Turismo y Deportes aporte unos 16.500 millones de pesos mediante la entrega de un subsidio a los turistas equivalente al 50% del valor del gasto que efectúen en la contratación de un viaje, con un tope máximo de reintegros de 100 mil pesos y uno mínimo de 5 mil pesos.

La promoción abarca los alojamientos, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de automóviles y equipamiento, atractivos turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio, productos regionales, ferias y convenciones y otros servicios turísticos.

¿Cómo tramitar la devolución del 50%?

* La precompra se debe realizar antes del 31 de diciembre de 2020.

* Las compras que se realicen hasta el 31 de octubre podrán ser para viajes de turismo a partir del 1 de enero de 2021 (este plazo fue ahora prorrogado hasta el 15 de noviembre).

* Las que se hagan a partir del 15 de noviembre podrán ser para viajes desde el 1° de marzo de 2021.

* Una vez realizada la precompra del viaje, hay que registrarse con usuario y contraseña en www.previaje.gob.ar, completar un formulario y cargar los comprobantes de consumo correspondientes.

* Una vez que se hayan validado los comprobantes, el crédito se verá reflejado en la Web y se le notificará al turista.

* La acreditación será en la Billetera Electrónica BNA+ (este proceso puede demorar hasta 15 días) y podrás optar por recibir una Tarjeta Precargada expedida por el Banco de la Nación Argentina.

¿Qué compras están incluidas?

Las compras que generan crédito son las realizadas ante prestadores de turismo inscriptos en el Programa, efectuadas desde su lanzamiento y hasta el 31 de diciembre de 2020 para utilizar dentro de Argentina en 2021.

* Alojamiento

* Agencias de viajes

* Transporte

* Excursiones

* Centros turísticos

* Alquiler de automóviles y equipamiento

* Atractivos turísticos

* Gastronomía

* Entretenimiento y ocio

* Productos regionales

* Ferias y convenciones

* Otros servicios turísticos

Límites de reintegro

La posibilidad de canjear tu crédito se habilitará una vez alcanzado el monto mínimo acumulado por un consumo de $10.000 entre uno o más comprobantes. El importe mínimo por comprobante es de $1.000.

Los créditos que se generen en el marco del programa Previaje tienen un mínimo de $5.000 y un máximo de $100.000, por persona mayor de 18 años, para compras en los rubros alojamiento, agencias de viajes y transporte de turismo. En el resto de los rubros, los créditos tendrán un máximo de $5.000.

Todos estos límites son por persona. Por lo tanto, en un grupo familiar pueden generar créditos todos los miembros mayores de 18 años, siempre y cuando los comprobantes estén a su nombre.

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La vuelta a clases en febrero que propone la Ciudad será debatida el miércoles

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El ministro de Educación, Nicolás Trotta, volvió a rechazar la postura del gobierno porteño de iniciar el ciclo lectivo en febrero de 2021 y criticó la administración de Juntos por el Cambio por “plantear en los medios de comunicación un aspecto” del que luego se desdice en las reuniones del Consejo Federal de Educación. “Hay que ser muy cuidadosos y no generar sobre expectativas”, recomendó.

De esta manera, el titular del Palacio Sarmiento salió al cruce de su par porteña, Soledad Acuña, quien de manera unilateral, sin consultarle al gobierno nacional ni a los gremios, anunció en entrevistas periodísticas que las clases en su distrito comenzarán a mediados de febrero.

Para Trotta, la vuelta a las aulas “no es una cuestión de deseo sino de la realidad epidemiológica”, y a modo de respuesta a Acuña remarcó que la posición del gobierno nacional es que las clases comiencen en marzo.

Durante una entrevista por AM 750, el ministro ratificó también que esa decisión se tomará el miércoles próximo en la reunión del Consejo Federal de Educación, donde “se expresan los consensos que se viene construyendo desde hace muchas semanas”.

“Veremos cuál es la posición de la Ciudad el miércoles. No me quiero adelantar porque muchas veces la Ciudad plantea en los medios de comunicación un aspecto que luego, en las reuniones, termina teniendo una postura mucho más conciliadora”, apuntó.

De la misma manera criticó a quienes “piensan la política educativa como una herramienta de impacto comunicacional cuando para nosotros lo importante es generar diálogo”.

Además, dejó claro que “cada jurisdicción tiene su competencia para plantear la agenda que le parezca mejor”, aunque insistió que “muchas veces, lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires tiene un impacto nacional”. Por eso llamó a “ser muy cuidadosos y no generar expectativa” sobre una decisión que aún no se tomó.

“Venimos conversando en el marco del Consejo Federal para que todas las decisiones sean dialogadas y con profundo consenso. Es lo que pretendemos que ocurra el miércoles como a lo largo de todo el año, que ha sido por unanimidad” y que “se cumplan los 180 días de clases”, insistió.

La idea “es que podamos planificar el inicio de las clases en marzo y que durante enero y febrero podamos desplegar distintas actividades educativas” para que los estudiantes que tuvieron problemas para mantener la continuidad pedagógica durante la cuarentena, no tengan inconvenientes al volver a la escuela, explicó.

Lo central es “que ese calendario nos permita llevarle tranquilidad a las familias de lo que va a ser la organización del año próximo de recuperación de la normalidad y que sea un inicio de ciclo lectivo bastante masivo si la realidad epidemiológica de cada región lo permite”.

Por otra parte, Trotta volvió a destacar “el enorme” trabajo de los docentes durante el período del aislamiento social. “En Argentina se siguió educando desde el primer día, con mucho compromiso de maestros y maestras y familias”, elogió.

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El gobierno de Kicillof dice que no subsidiará a usurpadores

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El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, afirmó ayer que existe una “confusión” respecto del anuncio del subsidio de hasta 50.000 pesos mensuales para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad ocupacional, y aseguró que el beneficio “no se otorgará a personas que tomen tierras”.

Larroque afirmó que el plan, que otorga cuotas durante tres meses y es extensible a seis, publicado en el Boletín Oficial dos días antes del desalojo del predio de Guernica, es “una actualización de programas sociales que existen desde 2007 y que solo se utilizan para casos de extrema vulnerabilidad”.

El funcionario dijo que la Provincia tiene “un esquema de subsidios que se generó en 2007. Se habían actualizado los topes de montos por última vez en 2009, por lo que había un retraso, porque iban de 7.500 a 30.000 pesos”. Y que lo que hizo el gobierno de Axel Kicillof fue “actualizar los montos y los topes” que llegan hasta 50.000 pesos mensuales que pueden redundar en un año en un ingreso de $300.000 si el beneficiario obtiene el monto máximo previsto y por el plazo más extendido.

Si bien el Ministro desligó la medida del desalojo de Guernica, otros funcionarios bonaerenses señalaron que era una apuesta por desactivar la toma antes del operativo en el predio.

Fuentes allegadas al Gobernador insistieron en que, al contrario, haber tomado tierras será un impedimento para acceder al subsidio. Y aclararon que “nadie de Guernica tiene una situación tan extrema como para necesitar esa ayuda”, y que “no recibe ayuda quien está cometiendo un delito, y usurpar una propiedad privada lo es”.

La actualización del subsidio se publicó en el Boletín Oficial en medio de la tensión por el desalojo del predio de Presidente Perón, en el marco de negociaciones que el gobierno mantuvo con unas 700 familias para desocupar el lugar de forma voluntaria a cambio de subsidios de entre 15.000 y 30.000 pesos, o provisión de materiales para acondicionar las viviendas en las que estaban antes de usurpar el terreno.

Al respecto, ayer Larroque dijo que muchas familias no firmaron la salida voluntaria por los delegados de la toma los engañaron respecto del contenido de la propuesta oficial y apuntó sobre quienes buscaron que la negociación no se destrabe al Polo Obrero.

El Ministro responsabilizó a ese partido de izquierda por haber sido necesario el uso de la fuerza para desalojar los terrenos de Guernica y los definió como “el grupo más duro” de todos los que actuaron en el lugar como intermediadores entre las personas que llegaron allí producto de carencias irresueltas y el Estado.

Respecto de la gente que acordó, Larroque dijo que “muchos se ubicaron en su vivienda de origen, otros en la casa de un familiar de manera transitoria

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