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El Gobierno porteño volvió a rechazar el diálogo por la transferencia de fondos de seguridad

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“No podemos sentarnos a discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada. Es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”, indicó el vicejefe Diego Santilli.

El Gobierno de la Ciudad volvió a rechazar este lunes la convocatoria de la Casa Rosada para tratar la transferencia de fondos a la Ciudad en materia de seguridad y su financiamiento, mientras desde Ejecutivo nacional ratificaron la vigencia del plazo de 60 días que establece la ley para acordar el monto.

En la mañana del lunes, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ratificó que la administración conducida por Horacio Rodríguez Larreta no asistiría a la reunión que había sido convocada para esta tarde por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por su par de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, postura que ya había sido formalizada por la Ciudad a través de una nota oficial dirigida a los funcionarios nacionales.

“Nosotros por este tema hicimos un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y tenemos que ser coherentes. No podemos sentarnos a discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada. Es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”, indicó Santilli

La convocatoria del Gobierno nacional era para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso recientemente, norma que establecía un margen de 60 días para entablar una mesa de negociación.

Desde el Gobierno nacional, afirmaron a Télam que “no habrá nuevas convocatorias oficiales” tras el rechazo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ratificaron el plazo de 60 días que establece la ley para acordar el monto y la actualización de los recursos que recibirá la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal.

“Si no quieren dialogar, quedará la ley tal como está, sin modificaciones”, enfatizaron desde Casa Rosada, en sintonía con lo que precisa la norma.

Desde el bloque porteño del Frente de Todos señalaron que la ley “establece los fondos que corresponden, ni más ni menos”, expresó a Télam la legisladora Mara Brawer, quien además aseguró que la administración de Rodríguez Larreta “no solo quiere sostener el privilegio que les dio (Mauricio) Macri de mandarles más del doble de lo que corresponde, sino que buscan victimizarse”.

“Toda esa estrategia se cae cuando hay una ley, hay una mesa de negociación e, incluso, la misma ley dispone que si no hay un acuerdo, existe un organismo (la Comisión Federal de Impuestos) que es la que debe arbitrar y determinar el monto final a transferir”, explicó Brawer.

Desde el mismo bloque, la legisladora Claudia Neira indicó que lo que demuestra la “ausencia de diálogo” por parte del Ejecutivo porteño es “una voluntad política de convertir en un conflicto político algo que tiene que tener una solución constitucional”.

Tras haber firmado un decreto que redujo la coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno llevó el tema al Parlamento para convertir en ley la nueva asignación de partidas y dejar atrás la distribución de recursos decretada durante el mandato del expresidente Mauricio Macri.

El decreto 194 de enero de 2016 dispuso modificar el índice de coparticipación de la Ciudad, que desde 2003 estaba fijado (decreto 705 de ese año) en 1,4%.

La nueva distribución dispuesta por Macri y su ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, fue elevar el índice a 3,75%, es decir más de dos puntos, y retroactivo al primero de enero de ese año.

Tras la sanción de la nueva ley, el 10 de diciembre pasado, el Gobierno porteño realizó una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que declare la “inconstitucionalidad” de la norma sancionada en el Congreso que reasigna partidas presupuestarias en materia de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, y tras ser reglamentada la norma, las autoridades porteñas habían sido convocadas a una reunión preliminar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa de Gobierno, para esta misma tarde.

En dicha invitación, los funcionarios nacionales destacaban que la norma había sido sancionada luego de una “amplia deliberación” y que no había “mayor estándar de legalidad e institucionalidad” que una convocatoria respaldada por una ley sancionada por el Congreso.

“Sin perjuicio de desconocer por falaces los argumentos vertidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la misiva de referencia, quienes suscriben en representación de los Ministerios de Economía y del Interior de la Nación ratifican la voluntad del Gobierno nacional de trabajar en conjunto con todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires sobre la base del diálogo y la responsabilidad. Por ello, reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones, y convocamos nuevamente al Jefe de Gobierno a una reunión preliminar”, cerraba la nota en sus últimos párrafos.

Al pedido oficial firmado por el ministro del Interior, se sumó también el presidente, Alberto Fernández, quien insistió ayer que Rodríguez Larreta debería “ser más generoso, porque el resto de las provincias no reclama que devuelva todo lo que le traspasó Nación en estos años”, desde 2016.

En una entrevista con AM750, el jefe del Estado juzgó además que las autoridades porteñas deben “simplemente aceptar un borrón y cuenta nueva, para poner las cosas en orden de aquí, en adelante” y agregó: “Yo voy a hablar con Horacio para insistirle que se arreglen cosas como se deben”.

Pero pese al pedido presidencial, Santilli confirmó hoy que las autoridades porteñas no concurrirán a esta reunión pautada para esta tarde, aunque aclaró que “eso no quita que en los temas cotidianos no nos volvamos a sentar”.

“En este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos”, argumentó.

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ANMAT aprobó el primer test argentino para la detección rápida de COVID-19

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el primer test rápido serológico creado por científicos argentinos del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI CONICET, La Plata) que permite saber en cinco minutos si una persona está o estuvo infectada con el nuevo coronavirus.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) “aportó al nuevo producto la provisión de un insumo clave que se emplea en el proceso de obtención de una proteína del coronavirus”, informó en un comunicado el organismo.

En el marco de la actual pandemia de coronavirus y ante el aumento de casos, una de las acciones clave para controlar la propagación del coronavirus es la realización de testeos.

“Teniendo en cuenta esta demanda, científicos del consorcio CINDEFI-Bamboo desarrollaron el primer test serológico rápido nacional, que mediante una gota de sangre indica si la persona está o estuvo en contacto con el virus SARS-CoV-2”, agrega la información del INTI.

La herramienta diagnóstico se creó con la finalidad de hallar individuos infectados y trazar redes de contactos. Cuenta con características similares a los conocidos test de embarazo, posibilita obtener resultados en apenas cinco minutos. El dispositivo se comercializaría con el nombre de FarmaCov test.

Desde el INTI explicaron que desde el consorcio se contactaron con ellos porque “necesitaban sustituir importaciones de un insumo conocido como IPTG (Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido), para inducir la producción de la proteina N del coronavirus. Esta proteína se coloca en las tiras reactivas del test y es clave porque al ponerse en contacto con la sangre de la persona testeada permite detectar la presencia de anticuerpos -en caso de tenerlos indicaría que el virus ingresó a su organismo-”, detalló Laura Hermida, subgerenta de Industria y Servicios del INTI, quien integró el equipo de trabajo junto a especialistas de los sectores de Química y Biotecnología.

“El nuevo test rápido hará posible realizar estudios poblacionales a gran escala, mapeo y segregación de áreas. Podrá utilizarse, por ejemplo, en plazas, colectivos y escuelas para separar rápidamente a los positivos, a quienes luego se les podrá realizar un hisopado para aislar a los que están cursando actualmente la enfermedad”, abundó el INTI .

“Estos test actualmente existen pero la mayoría son importados de Oriente. El nuevo producto tiene un costo accesible que se calcula entre 5 y 7 dólares y permite ir siguiendo la infección de una manera activa, en lugar de atacarlo de forma pasiva sólo centrado en pacientes con síntomas”, destaca por su parte Sebastián Cavalitto, del CINDEFI.

“El desarrollo del insumo desde INTI acompaña al proyecto en la sustitución de importaciones, clave para que el test pueda tener un precio accesible”, concluyó Hermida.

Como resultado de la experiencia, la científica anticipa que “a futuro, está previsto transferir la tecnología de producción (del IPTG) para que una empresa nacional pueda fabricarlo”.

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Estiman que en febrero se podrá comenzar a vacunar al personal docente

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El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estimó hoy que en febrero se podrá a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que “en todo momento se puso como prioritario” a ese sector para que se pueda realizar en forma presencial el ciclo lectivo 2021.

En un reportaje con Radio 10, el funcionario remarcó que el Gobierno instrumentó “una estrategia de vacunación que se está cumpliendo” y recordó que “ayer se terminó de recibir la segunda dosis de la primeras de las vacunas” Sputnik V.

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“La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad en las aulas”

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El ministro de Educación aseguró que la permanencia en las aulas será gradual y señaló que el objetivo del Gobierno es recuperar la normalidad a lo largo de este año de la mano del “proceso creciente de vacunación”.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reafirmó este lunes que la vacuna contra el coronavirus “no es condición indispensable” para garantizar la presencialidad y que la permanencia en las aulas será gradualmente siempre que se haga de manera “cuidada y segura”.

“La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad”, reiteró el funcionario en declaraciones a radio Nacional.

De cara al inicio lectivo 2021, Trotta negó que en un primer momento la presencia de los alumnos en las escuelas sea al 100 por ciento, y respondió que sólo se hará cuando se pueda garantizar una “presencialidad cuidada y segura”.

“El desafío que tenemos es garantizar una presencialidad segura en nuestro sistema educativo, es parte de la agenda que presentamos a los gobernadores”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, señaló que el objetivo del Gobierno nacional es recuperar la normalidad a lo largo de este año de la mano del “proceso creciente de vacunación”.

Trotta ratificó que en el mes de febrero comenzará la vacunación de 1.300.000 docentes y que en los próximos días se definirá cómo se incluirá en este plan al personal no docente.

“El proceso de vacunación prioritaria a los docentes es una medida que nuestro Gobierno definió en el mes de noviembre, un proceso que vamos a iniciar en el mes de febrero”, dijo Trotta.

“Con protocolos, con una realidad epidemiológica de base que lo permita, podemos promover un regreso seguro a las aulas”
El titular de la cartera educativa nacional agregó que “con protocolos, con una realidad epidemiológica de base que lo permita, podemos promover un regreso seguro a las aulas”.

En ese marco, Trotta señaló que “la experiencia del 2020 demostró que con protocolos se puede proyectar un regreso seguro a las aulas”, ya que “más de la mitad de los chicos” tuvieron clases presenciales durante el año anterior.

Con respecto a cómo será la estrategia para vacunar a los docentes, precisó que esta semana se definirá el orden de cómo serán inmunizados pero que se comenzará por los que tienen un “vínculo más físico” con sus alumnos, como los de educación especial, jardín de infantes y los tres primeros años de primaria.

Trotta también se refirió a la resistencia de algunos gremios para volver a la presencialidad en las aulas y aseguró que va a recorrer las 24 jurisdicciones para mantener reuniones “tanto con ministros y ministras de educación como con organizaciones sindicales”.

También opinó sobre las declaraciones de Mauricio Macri, quien reclamó el regreso a las aulas de los alumnos: “La verdad que no influye (su declaración), el expresidente tiene derecho a opinar sobre la realidad educativa pero creo que antes de adentrarse en los temas de la escuela actual debería dar cuenta de la desinversión educativa que él transitó de manera muy marcada durante su gestión”.

Trotta remarcó la desinversión en el programa Conectar-Igualdad y sostuvo “hoy faltan 4 millones de computadoras en los hogares argentinos porque existió un Gobierno que tomó esa decisión y fue el Gobierno de Mauricio Macri, que interrumpió un programa emblema para América Latina y que incluía entre otros aspectos la distribución de computadoras”.

“Es un costo social que seguimos pagando”, resaltó.

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