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El “bono” para los empleados estatales se pagará en dos cuotas con los sueldos de febrero y marzo

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El Gobierno oficializó el “bono” para los empleados estatales a través del Decreto 56/2020 publicado en el Boletín Oficial.

El monto será de $4.000 y se pagará en dos cuotas: los primeros $3.000 llegarán en marzo y los restantes $1.000 se pagarán en abril (con los sueldos de febrero y marzo). Tendrá un tope, ya que solo se otorgará para los salarios de hasta $ 60.000.

Además, el decreto especifica que quedan comprendidos todos aquellos trabajadores estatales cuya “retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no supere los $60.000”.

Y agrega que se tratará de “sumas fijas remunerativas no bonificables mensuales” y correrán a cuenta de las futuras paritarias de 2020.

El alza será para los empleados de la Administración Nacional, las Empresas y Sociedades del Estado y los Entes Públicos excluidos de la Administración Nacional, consignados en la ley 24.156.

Alcanzará a Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, Fuerzas Armadas y Policía de Establecimientos Navales. Además de los empleados civiles en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y el personal del Servicio Penitenciario Federal.

Aunque quedarán excluidos los trabajadores comprendidos “en el ámbito de Convenios Colectivos de Trabajo que prevean cláusulas de actualización automática de las retribuciones”.

La resolución argumenta la medida por “el sensible deterioro del poder adquisitivo en los salarios del personal del sector público nacional, por efecto de la crisis económica”.

“En ese contexto, resulta necesario disponer el otorgamiento de dos sumas fijas remunerativas no bonificables a efectos de mantener los estándares adquisitivos de las remuneraciones del personal del Sector Público Nacional referido precedentemente”, indica la resolución.

En los primeros días del año ya se había oficializado la suba salarial para los trabajadores del sector privado. Esa suma también es de $4.000 y se abona en dos tramos ($3.000 y $1.000), pero se pagarán con los sueldos de enero y febrero, respectivamente.

 

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Nacional

Los cambios que aceptó el Gobierno para aprobar la ley de jubilaciones de privilegio

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El oficialismo confirmó que aceptó un pedido de la oposición para mantener “los derechos” de los magristados en edad de jubilarse.

El secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Guillermo Bulit Goñi, expuso en el Congreso Nacional y anunció la aceptación del punto principal pedido por Juntos por el Cambio.

“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar. Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados”, resaltó Bulit Goñi ante la insistencia de los diputados Alejandro Cacace y Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio.

El funcionario también justificó que el acuerdo no esté expresado en una clásula escrita dentro del proyecto de ley. “¿Qué pasaría si discutiendo el Código Penal dijéramos ‘el que no roba, no va preso’. Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro”, analizó.

“Se plantea esto para que no se debilite el sistema de justicia con la salida masiva de magistrados y la consiguiente parálisis de los tribunales”, se atajaron desde Cambiemos ante el portal Infobae sobre la exigencia.

Otras modificaciones aceptadas por el Frente de Todos incluyen al cálculo de la movilidad, que pasa al 82% móvil del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años, dispuesto en el inciso B del artículo 17. El Gobierno suspendió además el cambio en la edad jubilatoria de las mujeres, que queda en 60.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que se trabajará en un “fondo compensador” para trabajadores de menores rangos que no están contemplados en el proyecto del Ejecutivo, uno de los pedidos de los gremios, encabezados por Julio Piumato.

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Nacional

Alberto Fernandez se reunió con representantes sindicales de la educación

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El presidente Alberto Fernández recibió hoy en la Casa de Gobierno a representantes de organizaciones sindicales de la educación de la Argentina e internacionales.

Al encuentro, en el que el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, asistieron David Edwards, secretario General Adjunto de Educación Internacional (EI); Hugo Yasky, diputado nacional y presidente de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL); Sonia Alesso, secretaria General de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación); Roberto Baradel, secretario General del Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), y Carlos de Feo, Secretario General de CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios).

También estuvieron presentes Combertty Rodríguez, coordinador Regional Principal para América Latina de (EI), y Eduardo Pereyra, secretario de Relaciones Internaciones de CTERA.

La reunión se llevó a cabo después de que se llegó a un acuerdo en el marco de la paritaria nacional docente que permitirá que las clases comiencen según el calendario escolar.

El Presidente felicitó a todas las partes porque “han hecho un gran esfuerzo” y si bien remarcó que “no nos sobra nada, quisimos volver a garantizar un equilibrio docente en todo el país”.

La paritaria fijó el nuevo salario mínimo inicial en 23 mil pesos a partir de febrero y en 25 mil pesos a partir de julio. También se estableció el pago de una suma fija extraordinaria, a cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de 4.840 pesos que se abonará en cuatro cuotas de 1.210.

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Amado Boudou pidió a la Corte Suprema que se realice un nuevo juicio en un tribunal diferente en libertad.

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La defensa de Amado Boudou le pidió a la Corte Suprema de Justicia un “pronto despacho” en el que revise la condena contra el ex vicepresidente por la compraventa de la ex Calcográfica Ciccone y que se realice un nuevo juicio en un tribunal diferente que pueda ser afrontado por el ex funcionario en libertad.

Si bien el reclamo es reincidente dado que ya se produjo, ahora la presentación de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort cuenta con un nuevo elemento probatorio, lo que en jerga judicial es conocido como “hecho nuevo”: el escándalo que se conoció por una nota de El Destape, según la cual surgió que el gobierno de Mauricio Macri le proporcionó dinero ilegal a Alejandro Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave para condenar a Boudou, como pago para que éste ponga un hotel boutique y lo explote.

El planteo de los letrados va en consonancia con la postura que mantiene Boudou y que pronunció públicamente, en el marco de la polémica por qué es un preso políticos y si los hay en la Argentina: quiere que se lo investigue sin persecución política, es decir, un juicio justo y no un indulto. Que esto ocurra o no y se dispersen las dudas fundadas sobre la justicia argentina depende de los jueces de la Corte Suprema.

Ahora, el pedido de la defensa del ex vicepresidente es que se “revoque lo decidido, para que se ordene un nuevo juicio, ante otro tribunal, que deberá sustanciar la prueba entonces omitida, y que nuestro asistido deberá afrontar ya en libertad”.

El “hecho nuevo” que juega como as de espadas de la defensa del ex vice es el pago a Vandenbroele, “arrepentido” fundamental para el veredicto del TOF 4, llegó justo después de que se lograra la condena de 5 años y 10 meses. El marco de este manejo de fondos públicos para presuntamente direccionar declaraciones fue el Programa de Protección de Testigos, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia que encabezaba Germán Garavano.

El ejecutor directo de la maniobra fue el policía porteño Carlos Linsalata, según el mismo medio. La coordinación la ejercieron Francisco Lagos, Guilermo Grescia y Juan Rebollo, autoridades del Programa de Protección de Testigos hasta entrados 2 meses de la gestión de Alberto Fernández.

En este pedido a la Corte, la defensa de Boudou remarcó que el propio juez Ariel Lijo tomó en cuenta la nueva información sobre el pago que recibió el “arrepentido” y pidió que se investigue. No es un dato para nada menor, ya que el juez Lijo fue quien elevó a juicio el caso Ciccone y homologó el acuerdo con Vandenbroele. El caso fue a sorteo y le tocó al fallecido Claudio Bonadio, como todas las causas contra dirigentes kirchneristas. Ahora el expediente está en manos de su reemplazo, Marcelo Martínez de Giorgi.

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