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Diputados emitieron dictamen favorable al proyecto de Aporte Solidario

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La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, con el respaldo del Frente de Todos y bloques provinciales, y pese al rechazo de Juntos por el Cambio.

De esta forma, el proyecto que establece un pago por única vez a las personas que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos con el fin de recaudar unos 3.000 mil millones, ya estará en condiciones de ser tratado en una sesión del cuerpo.

El dictamen de mayoría emitido consiguió el respaldo de 27 firmas que fueron cosechadas por el Frente de Todos, Córdoba Federal, y el Frente de la Concordia de Misiones, mientras que el dictamen de minoría presentado por Juntos por el Cambio reunió 22 firmas.

El apoyo de los cuatro diputados de Córdoba y de tres legisladores del Frente e Concordia, a los que se sumarán tres de Unidad Federal para el Desarrollo, 1 de Juntos por Río Negro y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) es considerado clave para sancionar la iniciativa.

Los apoyos de estos bloques son fundamentales porque, por tratarse de una ley impositiva, requiere de 129 votos (la mitad más uno del total), lo que supera el volumen de avales propios del Frente de Todos, que cuenta con 117 diputados en condiciones de votar.

Además, también podrían votar a favor el bloque de Consenso Federal, dos del Partido Justicialista (PJ) y los dos socialistas que forman parte del Interbloque Federal, dijeron fuentes parlamentarias.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, explicó que para calcular el patrimonio de la persona física no se tomará la declaración de bienes presentada de diciembre de 2019, sino desde la fecha de promulgación de la ley para “evitar planteos de retroactividad”.

En ese sentido, el legislador oficialista destacó que se “modificó el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del aporte”, que se había fijado el 31 de diciembre y se llevó “a la fecha de promulgación de la presente ley”.

También informó que no se aplicará a los personas que no tengan residencias en la Argentina, es decir las empresas multinacionales que tienen domicilio en sus países.

Al defender el proyecto, Heller dijo que la mitad de la recaudación provendrá de las “253 personas que tienen fortunas superiores a 3.000 millones de pesos, que aportarán 153 mil millones de pesos, y otras 372 que tienen patrimonio entre 1.500 y 3.000 millones, con lo cual 625 aportarán 180 mil millones de pesos de los 307 mil millones que se quieren recaudar”

Según el informe que Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó el lunes en la comisión, se espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año), que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas.

De ese total, 7.438 ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1.860 todavía no lo hicieron, declara el informe de AFIP.

En tanto, el radical Luis Pastori, señaló que reconocen que “el dictamen oficial mejoró con respecto al original” y citó el ejemplo de la retroactividad, aunque señaló que “subsisten vicios” que los llevan a “rechazarlo”.

“Primero insistimos en que se trata de un Impuesto y no de un Aporte, lo que intenta dejarlo al margen de las garantías y principios constitucionales que imperan en la materia, como la no confiscatoriedad”, dijo.

Agregó que “el propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso” les da “la razón” e indicó que esto se refleja “en el comienzo del informe, en el que habla claramente de que se trata de un impuesto”.

El diputado cordobés Paulo Cassineiro respaldó el proyecto, pero señaló su preocupación por considerar que “existe una desventaja para los empresarios nacionales que generan trabajo, que lo tendrán que pagar, y no aquellas multinacionales con residencia fuera del país” y preguntó “si no había posibilidades de que no paguen por sus acciones”.

En ese sentido, Heller dijo que “si no se tienen en cuenta las acciones, solo se podría cobrar sobre sus viviendas o casas de fin de semana” y destacó que este aporte obligatorio tendrá una asignación especifica para afrontar las consecuencias de la pandemia.

En ese sentido, el dictamen establece que el 20% de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa”.

El proyecto prevé el cobro de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley mas de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% 600 a 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500 millones, al 3,25% para fortunas de 1500 millones de pesos a 3000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

Fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país

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Jueza del Caso Facundo Castro “Las medidas no se pueden hacer por las dudas para ver qué encontramos”

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Para la magistrada, “las medidas no se pueden hacer ‘por las dudas’, ‘para ver qué encontramos'”, sino que “la fiscalía tiene que hacer un esfuerzo mayor para probar los extremos que desliza e invoca” y “elaborar un plan estratégico, agotar la investigación a través de un trabajo a conciencia”.

La jueza federal bahiense que interviene en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro rechazó casi todas las medidas de prueba que solicitaron los fiscales del caso para avanzar en la pesquisa, al considerar que su estrategia “no parece orientarse a buscar la verdad” sino “solamente a compeler la responsabilidad policial” en el hecho, informaron fuentes judiciales.

En una resolución, que se conoció aunque fue dictada el pasado 15 de septiembre, la jueza federal María Gabriela Marrón sólo accedió al pedido para que un policía que interceptó a Facundo el día que desapareció entregue una libreta en la que registró sus datos personales.

También a requerirle a la comuna de Villarino el informe de lectoras de patentes entre el 30 de abril y el 8 de mayo en cercanías del puesto fitosanitario sobre la ruta nacional 3.

Pero en el escrito judicial, al que Télam tuvo acceso, la jueza rechazó varias medidas requeridas por los fiscales federales Héctor Andrés Heim y Horacio Juan Azzolin, entre ellos el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone donde se halló un amuleto similar al que tenía el joven y el secuestro de teléfonos de policías.

Además, cuestionó en duros términos los fundamentos de la fiscalía a la hora de hacer esos pedidos: “La estrategia escogida por los acusadores se asemeja a una auténtica ´excursión de pesca´, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho”, escribió Marrón.

Luego consideró que “disponer medidas probatorias sin que esté claro qué se está buscando, atenta también contra el éxito-validez de la investigación”.

“El estado de perplejidad de los fiscales sobre las supuestas conductas sospechosas no parece orientarse a buscar la verdad -qué fue lo que le paso a Facundo en el lugar y momento de su muerte- sino solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”, continuó.

Para la magistrada, “las medidas no se pueden hacer ‘por las dudas’, ‘para ver qué encontramos'”, sino que “la fiscalía tiene que hacer un esfuerzo mayor para probar los extremos que desliza e invoca” y “elaborar un plan estratégico, agotar la investigación a través de un trabajo a conciencia”.

“El pedido tiene que ser irremediablemente desechado, no puedo habilitar su producción, ya que puede causar un perjuicio indebido, irreparable y prohibido”, ahondó la jueza, quien consideró que las medidas “no pueden implicar violación a valores fundamentales, como la intimidad, la propiedad y la libertad”,

“El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables. De este modo se reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país”, destacó.

Tras conocer la decisión judicial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado en el que calificó de “arbitraria y antojadiza” la interpretación de la prueba por parte de la magistrada, ya que “expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo”.

En la resolución de 19 páginas, Marrón cuestionó la relevancia de algunas evidencias destacadas por los fiscales en el requerimiento de medidas, entre ellas el hallazgo de un cabello que podría ser de Facundo en el patrullero de uno de los policías que lo identificó ese 30 de abril, cuando dejó la localidad bonaerense de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su novia en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“No parece extraña la posibilidad de que un cabello que podría corresponderse con Facundo esté en ese lugar”, afirmó el magistrado al indicar que “es posible que haya entrado al móvil mientras el policía hacía la consulta por la infracción a la cuarentena o chequeaba sus datos personales, antecedentes, etcétera, que haya apoyado el carnet de conducir en el asiento del acompañante delantero”.

Además, dijo que la muerte de Facundo “no ocurrió en el patrullero”, sino en el cangrejal de Villarino Viejo donde sus restos fueron hallados el 15 de agosto último, sin que se detectaran “lesiones vitales, ni se observan signos de intervención de terceros”.

“De las hipótesis desarrolladas por los acusadores no se reconstruye una teoría del caso coherente, lógico, razonable y completo para esta altura de la investigación”, agregó.

Para Marrón, el hecho de que un policía mencionado en la causa haya borrado el contenido de su celular “no (lo) convierte (….) en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia”.

Tampoco el hallazgo de un amuleto similar al de Facundo en el destacamento de Teniente Origone ni el de una piedra turmalina que se asemeja a una que tenía el joven en una patrulla fueron consideradas por la jueza como evidencias, sino que incluso puso en duda los hallazgos por parte de uno de los perros del adiestrador Marcos Herrero, contratado por los abogados querellantes.

“Independientemente de que se acredite que el amuleto era de Facundo, merece un párrafo aparte el origen del hallazgo que -a esta altura de la investigación- pone en duda su legalidad y por ende su validez”, dijo Marrón.

Al respecto, la jueza dijo que “la ciencia y la técnica -a través de profusa bibliografía- dan cuenta que los animales entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo” y que se habría superado el lapso en el que el can podría haber detectado el olor de Facundo.

“Por lo expuesto, resulta necesario y también forzoso que el Ministerio Público Fiscal, en cumplimiento de sus deberes y facultades, investigue el accionar del perito, frente a la gravedad de la circunstancia apuntada”, concluyó al respecto.

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UTA. Acordaron un aumento salarial del 30% para choferes de corta y media distancia

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El gremio informó que también se acordó una suma no remunerativa de $ 20.000, que será pagada en tres cuotas mensuales.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce el dirigente Roberto Fernández, y las cámaras empresarias del sector llegaron a un acuerdo salarial para los choferes de corta y media distancia, consistente en un incremento del 30 por ciento en el salario básico a partir del 1 de septiembre.

En un comunicado, la UTA informó que también se acordó una suma no remunerativa de $ 20.000, que será pagada en tres cuotas mensuales.

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El Gobierno oficializó el aumento del salario mínimo, vital y móvil en tres tramos

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A partir del primero de este mes, el salario mínimo será de $18.900 para aquellos que cumplan una jornada laboral completa y desde el 1 de diciembre pasará a ser de 20.587,50. La suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, alcanzando los $21.600 mensuales.

El Gobierno nacional oficializó hoy el aumento en tres tramos del salario mínimo, vital y móvil, que en marzo próximo quedará fijado en 21.600 pesos.

Por medio de la Resolución 4-2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, firmada por su titular, Claudio Moroni, y publicada hoy en el Boletín Oficial, se estableció así el incremento que alcanza a todos los empleados que se encuentren bajo el régimen de la ley de Contrato de Trabajo.

Según el cronograma oficializado, a partir del primero de este mes, el sueldo mínimo, vital y móvil será de $18.900 para aquellos que cumplan una jornada laboral completa, y de $94,50 para los jornaleros; y desde el 1 de diciembre, esas sumas pasarán a ser de 20.587,50 y 102,94 pesos, respectivamente.

Finalmente, la suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, cuando el salario mínimo por mes para los trabajadores de tiempo completo se fijará en $21.600, y el de los jornalizados, en 108 pesos por hora.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo también confirmó una actualización de los montos mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo, los cuales desde este lunes son de 6.000 y 10.000 pesos, respectivamente.

La propuesta de estos aumentos fue analizada la semana pasada por el sector empresarial, dos de las centrales obreras y el Ministerio de Trabajo durante la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, presidido por Moroni, que deliberó de manera virtual ante la pandemia del coronavirus en el país.

En los considerandos de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno hizo referencia a esa reunión, realizada el miércoles pasado, y de la que participaron representantes “tanto del sector empleador como del sector trabajador”.

En este sentido, se remarcó que el salario mínimo debe ser definido por ese Consejo Nacional, “teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos”.

La ley establece que este ingreso básico “debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, un objetivo que con los años se fue desdibujando porque se transformó sólo en un valor de referencia.

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