La jueza federal María Servini la acusó del delito de defraudación contra la administración pública porque Elena Kuklina cobraba dos AUH. El caso le tocó por sorteo a Julián Ercolini
Ella vino a la Argentina a tener sus dos hijos. Y luego de eso armó una agencia para que otras rusas embarazadas vinieran a parir a Buenos Aires. Desde diciembre de 2022 la ciudadana rusa Elena Kuklina se encuentra bajo investigación judicial debido a la realización mediante una gestora de unos 70 trámites para conseguir la residencia permanente ante la Dirección Nacional de Migraciones y a partir de allí conseguir la ciudadanía argentina y con ello el pasaporte de sus compatriotas que vienen a tener a sus hijos al país.
La primera vez que Kuklina -26 años- ingresó a la Argentina fue en diciembre de 2008 y tuvo a su primer hijo en enero de 2019. Se fue en junio de 2019 y en noviembre de 2021 volvió para tener a su hijo dos meses más tarde. Ambos hijos son argentinos.
Después de su segundo parto se quedó y aún permanece en territorio argentino. Kuklina armó una agencia para traer a rusas a la Argentina a cambio de una suma de dinero. Acá les garantizaba varios servicios, entre ellos el del parto y la obtención de documentos e inclusive el alojamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación judicial que tiene a cargo Servini comenzó en diciembre pasado cuando una ciudadana rusa denunció a su compatriota Kuklina porque, según explicó ante la División Denuncias de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina, conseguía agilizar los documentos argentinos.
El dinero incautado en la casa de la dueña de la agencia que trae embarazadas rusas a la ArgentinaDebido a la feria judicial de enero, la causa, en la que interviene el fiscal Federico Delgado, se reactivó en febrero. En los primeros días de febrero se recibió información solicitada por el fiscal en su requerimiento de instrucción. Fue así que en el expediente se sumó información de diferentes organismos estatales sobre Kuklina.
La agencia que regenteaba Kuklina, casada con el ruso Ruslan Yuslashev, contrató a una gestora llamada Olga Guz, quien era la encargada de presentar la documentación de las rusas ante Migraciones. Se determinó que las constataciones de domicilio, necesarias para acceder a la residencia permanente, eran falsas. Por lo tanto se ha puesto en duda la validez del otorgamiento de esa categoría migratoria en los 70 casos detectados. Con ese trámite aprobado luego se puede pedir la ciudadanía y luego acceder al pasaporte.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aportó el siguiente dato al expediente: Kuklina cobró entre abril y diciembre de 2022 una Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada uno de sus dos chicos nacidos en Argentina. Cada mes y por cada hijo, Kuklina cobró cerca de 10.000 pesos, explicaron a Infobae fuentes relacionadas al expediente. La jueza tomó la decisión de presentar la denuncia por el delito de defraudación contra la administración pública debido a la obtención de las AUH, luego de que se realizaran dos allanamientos.
En uno de ellos, efectuado en la cada de Kuklina y su pareja, en Puerto Madero, se hallaron -tal como publicó Infobae– 66.920 dólares y 2.670 euros. Los investigadores calculan que los trámites tienen distintos valores que pueden alcanzar hasta los 35.000 dólares. El segundo allanamiento que realizó la División Asuntos Migratorios de la Policía Federal, se hizo en la oficina de la gestora.
En la investigación se determinó que Kuklina paga 3000 dólares mensuales por el alquiler del departamento en el que vive en Puerto Madero. Estas muestras de su poder adquisitivo la alejan del perfil de los beneficiarios de la AUH y por eso Servini pidió que se investigue cómo fue que la dueña de la agencia que trae rusas a parir al país, cobró beneficios sociales destinados a los ciudadanos de bajos ingresos.
La denuncia de Servini le tocó por sorteo al juzgado a cargo de Julián Ercolini, quien durante 2023 está de turno con la fiscalía 8 que está vacante y es subrogada por Eduardo Taiano.
