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Comisión debatira sobre proyecto para proteger terrenos de incendios intencionales

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La comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados abrirá mañana lunes el debate sobre el proyecto que propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.

La iniciativa se iba a discutir el miércoles 21 pasado pero se postergó debido a un problema con los vuelos que tuvo para regresar a la Argentina desde Bolivia el presidente de la comisión Leonardo Grosso, quien había viajado al país vecino como veedor de los comicios presidenciales donde triunfó el candidato del MAS, Luis Arce.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente fue citada para este lunes a las 15 para comenzar a discutir esa iniciativa impulsada por el jefe de la bancada del oficialismo, Máximo Kirchner, y que fue respalda por legisladores de los interbloques Federal, Unidad y Equidad Federal.

El proyecto reforma la ley 26.815 del Manejo del Fuego con el objeto de prohibir o realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales,

La iniciativa determina que por el término de 60 años no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, e impone una limitación de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.

En esos plazos “no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.

Tampoco se podrá “hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”, se sostiene en los fundamentos de la iniciativa .
Además, se fija en el proyecto que el plazo de 60 años “se puede extender, sí así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.

“En el caso de incendios de zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, no se permitirán modificar esos suelos por el termino de 30 años para lograr su restauración”, se indica en el proyecto.

Al respecto, la iniciativa establece que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.

Por otra parte, se discutirán otras dos iniciativas, una impulsada por la diputada radical Brenda Austin para la promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua y otra del diputado de la UCR Mario Arce para declarar Monumento Natural a la Especie Aguará Guazú Chrysocyon Brachyurus.

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Argentina

ANMAT aprobó el primer test argentino para la detección rápida de COVID-19

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el primer test rápido serológico creado por científicos argentinos del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI CONICET, La Plata) que permite saber en cinco minutos si una persona está o estuvo infectada con el nuevo coronavirus.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) “aportó al nuevo producto la provisión de un insumo clave que se emplea en el proceso de obtención de una proteína del coronavirus”, informó en un comunicado el organismo.

En el marco de la actual pandemia de coronavirus y ante el aumento de casos, una de las acciones clave para controlar la propagación del coronavirus es la realización de testeos.

“Teniendo en cuenta esta demanda, científicos del consorcio CINDEFI-Bamboo desarrollaron el primer test serológico rápido nacional, que mediante una gota de sangre indica si la persona está o estuvo en contacto con el virus SARS-CoV-2”, agrega la información del INTI.

La herramienta diagnóstico se creó con la finalidad de hallar individuos infectados y trazar redes de contactos. Cuenta con características similares a los conocidos test de embarazo, posibilita obtener resultados en apenas cinco minutos. El dispositivo se comercializaría con el nombre de FarmaCov test.

Desde el INTI explicaron que desde el consorcio se contactaron con ellos porque “necesitaban sustituir importaciones de un insumo conocido como IPTG (Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido), para inducir la producción de la proteina N del coronavirus. Esta proteína se coloca en las tiras reactivas del test y es clave porque al ponerse en contacto con la sangre de la persona testeada permite detectar la presencia de anticuerpos -en caso de tenerlos indicaría que el virus ingresó a su organismo-”, detalló Laura Hermida, subgerenta de Industria y Servicios del INTI, quien integró el equipo de trabajo junto a especialistas de los sectores de Química y Biotecnología.

“El nuevo test rápido hará posible realizar estudios poblacionales a gran escala, mapeo y segregación de áreas. Podrá utilizarse, por ejemplo, en plazas, colectivos y escuelas para separar rápidamente a los positivos, a quienes luego se les podrá realizar un hisopado para aislar a los que están cursando actualmente la enfermedad”, abundó el INTI .

“Estos test actualmente existen pero la mayoría son importados de Oriente. El nuevo producto tiene un costo accesible que se calcula entre 5 y 7 dólares y permite ir siguiendo la infección de una manera activa, en lugar de atacarlo de forma pasiva sólo centrado en pacientes con síntomas”, destaca por su parte Sebastián Cavalitto, del CINDEFI.

“El desarrollo del insumo desde INTI acompaña al proyecto en la sustitución de importaciones, clave para que el test pueda tener un precio accesible”, concluyó Hermida.

Como resultado de la experiencia, la científica anticipa que “a futuro, está previsto transferir la tecnología de producción (del IPTG) para que una empresa nacional pueda fabricarlo”.

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Estiman que en febrero se podrá comenzar a vacunar al personal docente

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El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estimó hoy que en febrero se podrá a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que “en todo momento se puso como prioritario” a ese sector para que se pueda realizar en forma presencial el ciclo lectivo 2021.

En un reportaje con Radio 10, el funcionario remarcó que el Gobierno instrumentó “una estrategia de vacunación que se está cumpliendo” y recordó que “ayer se terminó de recibir la segunda dosis de la primeras de las vacunas” Sputnik V.

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“La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad en las aulas”

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El ministro de Educación aseguró que la permanencia en las aulas será gradual y señaló que el objetivo del Gobierno es recuperar la normalidad a lo largo de este año de la mano del “proceso creciente de vacunación”.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reafirmó este lunes que la vacuna contra el coronavirus “no es condición indispensable” para garantizar la presencialidad y que la permanencia en las aulas será gradualmente siempre que se haga de manera “cuidada y segura”.

“La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad”, reiteró el funcionario en declaraciones a radio Nacional.

De cara al inicio lectivo 2021, Trotta negó que en un primer momento la presencia de los alumnos en las escuelas sea al 100 por ciento, y respondió que sólo se hará cuando se pueda garantizar una “presencialidad cuidada y segura”.

“El desafío que tenemos es garantizar una presencialidad segura en nuestro sistema educativo, es parte de la agenda que presentamos a los gobernadores”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, señaló que el objetivo del Gobierno nacional es recuperar la normalidad a lo largo de este año de la mano del “proceso creciente de vacunación”.

Trotta ratificó que en el mes de febrero comenzará la vacunación de 1.300.000 docentes y que en los próximos días se definirá cómo se incluirá en este plan al personal no docente.

“El proceso de vacunación prioritaria a los docentes es una medida que nuestro Gobierno definió en el mes de noviembre, un proceso que vamos a iniciar en el mes de febrero”, dijo Trotta.

“Con protocolos, con una realidad epidemiológica de base que lo permita, podemos promover un regreso seguro a las aulas”
El titular de la cartera educativa nacional agregó que “con protocolos, con una realidad epidemiológica de base que lo permita, podemos promover un regreso seguro a las aulas”.

En ese marco, Trotta señaló que “la experiencia del 2020 demostró que con protocolos se puede proyectar un regreso seguro a las aulas”, ya que “más de la mitad de los chicos” tuvieron clases presenciales durante el año anterior.

Con respecto a cómo será la estrategia para vacunar a los docentes, precisó que esta semana se definirá el orden de cómo serán inmunizados pero que se comenzará por los que tienen un “vínculo más físico” con sus alumnos, como los de educación especial, jardín de infantes y los tres primeros años de primaria.

Trotta también se refirió a la resistencia de algunos gremios para volver a la presencialidad en las aulas y aseguró que va a recorrer las 24 jurisdicciones para mantener reuniones “tanto con ministros y ministras de educación como con organizaciones sindicales”.

También opinó sobre las declaraciones de Mauricio Macri, quien reclamó el regreso a las aulas de los alumnos: “La verdad que no influye (su declaración), el expresidente tiene derecho a opinar sobre la realidad educativa pero creo que antes de adentrarse en los temas de la escuela actual debería dar cuenta de la desinversión educativa que él transitó de manera muy marcada durante su gestión”.

Trotta remarcó la desinversión en el programa Conectar-Igualdad y sostuvo “hoy faltan 4 millones de computadoras en los hogares argentinos porque existió un Gobierno que tomó esa decisión y fue el Gobierno de Mauricio Macri, que interrumpió un programa emblema para América Latina y que incluía entre otros aspectos la distribución de computadoras”.

“Es un costo social que seguimos pagando”, resaltó.

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