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Alberto Fernandez llamó a “globalizar la solidaridad” en su primer discurso ante la ONU

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El presidente Alberto Fernández propuso un “cambio estructural de las economías” para “globalizar la solidaridad” en el mundo, un acuerdo colectivo hacia el “crecimiento inclusivo de las naciones” y un compromiso de que la vacuna contra el coronavirus sea “un bien público global, accesible en forma equitativa” para todos los países.

“No es tiempo de globalizar la indiferencia sino de globalizar la solidaridad en múltiples dimensiones”, frente a la pandemia de coronavirus, enfatizó Alberto Fernández, en un discurso que pronunció ante la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en forma virtual por las restricciones sanitarias por el Covid-19.

Alberto Fernández convocó a los países del mundo a ser “arquitectos de una nueva casa común”, tras resaltar la prédica del papa Francisco para recrear un multilateralismo en base a la solidaridad.

En su primer discurso ante la Asamblea General, Fernández llamó al mundo a “aprovechar la oportunidad histórica de unirse como sociedad para hacer frente a una crisis sin precedentes”, en un mensaje en el que orientó hacia la necesidad de revertir globalmente la “injusticia social”.

En un mensaje de unos 15 minutos -el tiempo otorgado a las intervenciones de cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno- el Presidente agradeció el apoyo de la comunidad internacional en la renegociación de la deuda, adelantó que las conversaciones con el FMI se encararán “responsablemente”, en un marco de respeto de la Argentina por los compromisos contraídos, y reiteró el reclamo nacional de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En el discurso grabado y difundido esta tarde en la Sala de la Asamblea de la ONU, en la ciudad de Nueva York, el mandatario destacó además las medidas centrales implementadas en la Argentina para mitigar las consecuencias de la pandemia y marcó la importancia de defender una agenda ambiental y de derechos humanos en el mundo.

“Nadie se salva solo en un planeta que se incendia, se inunda o se envenena”, dijo y añadió: “Nuestro país está comprometido con una agenda de transición justa hacia el desarrollo integral y sostenible” que contemple “el refuerzo de la productividad y competitividad de la economía y la creación de empleos”.

En un contexto económico, que definió como “tormentoso endeudamiento global”, el Presidente aseguró que “el verdadero progreso se construye con todos adentro” y sugirió “recrear el multilateralismo basado en la solidaridad” y globalizarla.

También, apeló a que los países consideren a la vacuna de coronavirus como “un bien público global, accesible a todas las Naciones”.

“Tenemos que ser capaces de soñar y construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental, la discriminación en todas sus formas”, expresó.

Al comenzar su mensaje, el Presidente indicó que “la pandemia nos ha revelado frágiles y ha recreado la necesidad de construir puentes entre personas, entre naciones y entre regiones”.

“Nuestro país está comprometido con una agenda de transición justa hacia el desarrollo integral y sostenible” que contemple “el refuerzo de la productividad y competitividad de la economía y la creación de empleos”

Además, evaluó que la crisis generada por el coronavirus “ha puesto manifiesto la grave desigualdad de género” e hizo visible la importancia “del trabajo que millones de personas, mayoritariamente mujeres, aportan con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”.

Fernández agradeció el apoyo de la comunidad internacional en el acuerdo alcanzado por la Argentina con los acreedores externos de la deuda y alertó que “el endeudamiento externo tóxico e irresponsable con fines especulativos constituye otra ola de atraso y subdesarrollo”.

El jefe de Estado, dejó en claro que las negociaciones con el FMI se encararán “de forma responsable, siendo respetuosos de los compromisos contraídos y evitando al mismo tiempo poner en riesgo las condiciones que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de desarrollo inclusivo y sostenible”.

“Ningún país puede pagar su deuda a costa de que su pueblo quede sin salud, sin educación, sin seguridad o sin capacidad de crecer”, señaló.

En otro tramo de su discurso, el mandatario expresó que “las banderas de memoria, verdad y justicia guían las instituciones” de la democracia argentina, al igual que el “respeto a la diversidad y la inclusión”.

En ese marco, subrayó que “la lucha contra todas las formas de discriminación y el consecuente compromiso con los derechos de las personas y grupos vulnerables e históricamente discriminados es parte de esta política del Estado que se proyecta en las numerosas iniciativas que la Argentina apoya y lidera”.

En otro orden, Fernández planteó la “imprescindible” necesidad de “dinamizar” la capacidad de la ONU para “dar respuesta al mandato para la que fue creada” y abogó por “unas Naciones Unidas 4.0, con sus valores fundacionales intactos y con la lucidez para incorporar los inmensos cambios tecnológicos en marcha, para hacerlos más humanos, más democráticos y más inclusivos socialmente”.

El Jefe de Estado ratificó que la Argentina “condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y privilegia su tratamiento en el marco de los foros multilaterales”, para luego ratificar el reclamo argentino a las “autoridades de la República Islámica de Irán” para que “cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación” del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.

“A 26 años del atentado a la sede de la AMIA quiero continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado”, indicó Fernández.

En ese marco, pidió a la comunidad internacional “cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar”.

El Presidente también reivindicó los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” y recordó que este año se cumplirán 55 años de la Resolución 2065, la primera adoptada por la ONU relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas y por la cual solicitó a la Argentina y al Reino Unido mantener negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

“El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial y ha agravado la controversia por los llamados a la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área”, reclamó Fernández.

Aseveró que ese país “también insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las Islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional”.

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Jueza del Caso Facundo Castro “Las medidas no se pueden hacer por las dudas para ver qué encontramos”

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Para la magistrada, “las medidas no se pueden hacer ‘por las dudas’, ‘para ver qué encontramos'”, sino que “la fiscalía tiene que hacer un esfuerzo mayor para probar los extremos que desliza e invoca” y “elaborar un plan estratégico, agotar la investigación a través de un trabajo a conciencia”.

La jueza federal bahiense que interviene en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro rechazó casi todas las medidas de prueba que solicitaron los fiscales del caso para avanzar en la pesquisa, al considerar que su estrategia “no parece orientarse a buscar la verdad” sino “solamente a compeler la responsabilidad policial” en el hecho, informaron fuentes judiciales.

En una resolución, que se conoció aunque fue dictada el pasado 15 de septiembre, la jueza federal María Gabriela Marrón sólo accedió al pedido para que un policía que interceptó a Facundo el día que desapareció entregue una libreta en la que registró sus datos personales.

También a requerirle a la comuna de Villarino el informe de lectoras de patentes entre el 30 de abril y el 8 de mayo en cercanías del puesto fitosanitario sobre la ruta nacional 3.

Pero en el escrito judicial, al que Télam tuvo acceso, la jueza rechazó varias medidas requeridas por los fiscales federales Héctor Andrés Heim y Horacio Juan Azzolin, entre ellos el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone donde se halló un amuleto similar al que tenía el joven y el secuestro de teléfonos de policías.

Además, cuestionó en duros términos los fundamentos de la fiscalía a la hora de hacer esos pedidos: “La estrategia escogida por los acusadores se asemeja a una auténtica ´excursión de pesca´, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho”, escribió Marrón.

Luego consideró que “disponer medidas probatorias sin que esté claro qué se está buscando, atenta también contra el éxito-validez de la investigación”.

“El estado de perplejidad de los fiscales sobre las supuestas conductas sospechosas no parece orientarse a buscar la verdad -qué fue lo que le paso a Facundo en el lugar y momento de su muerte- sino solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”, continuó.

Para la magistrada, “las medidas no se pueden hacer ‘por las dudas’, ‘para ver qué encontramos'”, sino que “la fiscalía tiene que hacer un esfuerzo mayor para probar los extremos que desliza e invoca” y “elaborar un plan estratégico, agotar la investigación a través de un trabajo a conciencia”.

“El pedido tiene que ser irremediablemente desechado, no puedo habilitar su producción, ya que puede causar un perjuicio indebido, irreparable y prohibido”, ahondó la jueza, quien consideró que las medidas “no pueden implicar violación a valores fundamentales, como la intimidad, la propiedad y la libertad”,

“El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables. De este modo se reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país”, destacó.

Tras conocer la decisión judicial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado en el que calificó de “arbitraria y antojadiza” la interpretación de la prueba por parte de la magistrada, ya que “expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo”.

En la resolución de 19 páginas, Marrón cuestionó la relevancia de algunas evidencias destacadas por los fiscales en el requerimiento de medidas, entre ellas el hallazgo de un cabello que podría ser de Facundo en el patrullero de uno de los policías que lo identificó ese 30 de abril, cuando dejó la localidad bonaerense de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su novia en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“No parece extraña la posibilidad de que un cabello que podría corresponderse con Facundo esté en ese lugar”, afirmó el magistrado al indicar que “es posible que haya entrado al móvil mientras el policía hacía la consulta por la infracción a la cuarentena o chequeaba sus datos personales, antecedentes, etcétera, que haya apoyado el carnet de conducir en el asiento del acompañante delantero”.

Además, dijo que la muerte de Facundo “no ocurrió en el patrullero”, sino en el cangrejal de Villarino Viejo donde sus restos fueron hallados el 15 de agosto último, sin que se detectaran “lesiones vitales, ni se observan signos de intervención de terceros”.

“De las hipótesis desarrolladas por los acusadores no se reconstruye una teoría del caso coherente, lógico, razonable y completo para esta altura de la investigación”, agregó.

Para Marrón, el hecho de que un policía mencionado en la causa haya borrado el contenido de su celular “no (lo) convierte (….) en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia”.

Tampoco el hallazgo de un amuleto similar al de Facundo en el destacamento de Teniente Origone ni el de una piedra turmalina que se asemeja a una que tenía el joven en una patrulla fueron consideradas por la jueza como evidencias, sino que incluso puso en duda los hallazgos por parte de uno de los perros del adiestrador Marcos Herrero, contratado por los abogados querellantes.

“Independientemente de que se acredite que el amuleto era de Facundo, merece un párrafo aparte el origen del hallazgo que -a esta altura de la investigación- pone en duda su legalidad y por ende su validez”, dijo Marrón.

Al respecto, la jueza dijo que “la ciencia y la técnica -a través de profusa bibliografía- dan cuenta que los animales entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo” y que se habría superado el lapso en el que el can podría haber detectado el olor de Facundo.

“Por lo expuesto, resulta necesario y también forzoso que el Ministerio Público Fiscal, en cumplimiento de sus deberes y facultades, investigue el accionar del perito, frente a la gravedad de la circunstancia apuntada”, concluyó al respecto.

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UTA. Acordaron un aumento salarial del 30% para choferes de corta y media distancia

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El gremio informó que también se acordó una suma no remunerativa de $ 20.000, que será pagada en tres cuotas mensuales.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce el dirigente Roberto Fernández, y las cámaras empresarias del sector llegaron a un acuerdo salarial para los choferes de corta y media distancia, consistente en un incremento del 30 por ciento en el salario básico a partir del 1 de septiembre.

En un comunicado, la UTA informó que también se acordó una suma no remunerativa de $ 20.000, que será pagada en tres cuotas mensuales.

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El Gobierno oficializó el aumento del salario mínimo, vital y móvil en tres tramos

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A partir del primero de este mes, el salario mínimo será de $18.900 para aquellos que cumplan una jornada laboral completa y desde el 1 de diciembre pasará a ser de 20.587,50. La suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, alcanzando los $21.600 mensuales.

El Gobierno nacional oficializó hoy el aumento en tres tramos del salario mínimo, vital y móvil, que en marzo próximo quedará fijado en 21.600 pesos.

Por medio de la Resolución 4-2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, firmada por su titular, Claudio Moroni, y publicada hoy en el Boletín Oficial, se estableció así el incremento que alcanza a todos los empleados que se encuentren bajo el régimen de la ley de Contrato de Trabajo.

Según el cronograma oficializado, a partir del primero de este mes, el sueldo mínimo, vital y móvil será de $18.900 para aquellos que cumplan una jornada laboral completa, y de $94,50 para los jornaleros; y desde el 1 de diciembre, esas sumas pasarán a ser de 20.587,50 y 102,94 pesos, respectivamente.

Finalmente, la suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, cuando el salario mínimo por mes para los trabajadores de tiempo completo se fijará en $21.600, y el de los jornalizados, en 108 pesos por hora.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo también confirmó una actualización de los montos mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo, los cuales desde este lunes son de 6.000 y 10.000 pesos, respectivamente.

La propuesta de estos aumentos fue analizada la semana pasada por el sector empresarial, dos de las centrales obreras y el Ministerio de Trabajo durante la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, presidido por Moroni, que deliberó de manera virtual ante la pandemia del coronavirus en el país.

En los considerandos de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno hizo referencia a esa reunión, realizada el miércoles pasado, y de la que participaron representantes “tanto del sector empleador como del sector trabajador”.

En este sentido, se remarcó que el salario mínimo debe ser definido por ese Consejo Nacional, “teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos”.

La ley establece que este ingreso básico “debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, un objetivo que con los años se fue desdibujando porque se transformó sólo en un valor de referencia.

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