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Aída Ayala procesada y en libertad. Revocaron la prisión preventiva y el pedido de desafuero

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La Cámara Federal de Casación Penal revocó hoy la prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y así se cae su pedido de desafuero para poder detenerla. La legisladora está procesada -y camino a juicio oral- por lavado de dinero y negociados cuando era intendenta de la ciudad de Resistencia, en Chaco.

La Sala IV de Casación entendió que no había elementos suficientes para entender que Ayala en libertad era un peligro para la continuidad del expediente. El fallo también revocó las detenciones de otros cinco acusados.

La consecuencia de este fallo es que queda sin efecto el pedido de desafuero que pesaba sobre Aida Ayala. La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, se lo había pedido a la Cámara de Diputados para poder detener a la legisladora. Es que por su función tiene inmunidad de arresto. Pero el desafuero no fue resuelto en la Cámara -con disputas entre el macrismo y la oposición por el antecedente del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido- a la espera de las definiciones judiciales.

 

“Estoy muy tranquila con este fallo. Siempre estuve a derecho, siempre creí en la justicia y que el nivel superior haya entendido que tenía que estar en libertad . Soy inocente y en el juicio oral y público se va a demostrar, se van a aportar todas las pruebas que ya están en el expediente para saber de qué no hubo lavado, no me quedé con dinero ajeno”, sostuvo Ayala a través de un comunicado de prensa tras la resolución de Casación.

La diputada está procesada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario. La jueza Niremperger entendió que, junto a otras 14 personas, Ayala en 2014, cuando era intendenta de Resistencia, integró un negociado para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad.

La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento. También están acusados Daniel Fischer, quien fue jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. A los dos también Casación hoy les revocó la prisión preventiva.

La jueza Niremperger, a pedido del fiscal Patricio Sabadini, ordenó en mayo del año pasado la detención de Ayala. Entendieron que en libertad podía entorpecer la causa.

Aida Ayala, tres veces intendenta de Resistencia, es la referente de la UCR en Chaco y en 2015 compitió por Cambiemos para la Gobernación de la provincia. Perdió ante el peronismo y fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior del gobierno de Mauricio Macri y en 2017 fue electa Diputada Nacional.

El pedido de detención fue analizado en distintas instancias a pedido de la defensa de Ayala que siempre lo objetó y señaló que estuvo a estuvo a derecho cada vez que la justicia la requirió.

En enero pasado, la Cámara Federal de Resistencia ratificó la prisión preventiva. “Es dable señalar la gravedad de los ilícitos y el rol atribuido a Aída Ayala en ellos, la participación en forma organizada, el grado de probabilidad arribado en esta instancia en relación a la hipótesis delictiva, así como la trascendencia social e institucional de los hechos cometidos en el seno de esta ciudad; su complejo modus operandi, y la capacidad económica y operativa acreditada en autos, como circunstancias que denotan el riesgo cierto de elusión de la nombrada del accionar de la justicia”, señaló el tribunal en su fallo.

Ahora intervino Casación y los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos revocaron esa decisión. Entendieron, en un fallo de 34 páginas, que los argumentos de la Cámara Federal de Resistencia fueron insuficientes para señalar que en libertad Ayala y el resto de los acusados pueden entorpecer la causa penal.

En su voto, el juez Hornos señaló que los argumentos de la Cámara “devienen insuficientes a los fines de acreditar la existencia de los riesgos procesales en tanto se han ponderado de manera aislada y sesgada del resto de los elementos obrantes en la causa, que permiten efectuar un análisis integral y completo, que atienda a las demás constancias procesales y las circunstancias personales de cada uno de los imputados, relacionadas con los concretos fines del proceso penal que el dictado de las medidas cautelares como la dispuesta intenta resguardar”.

El camarista Borinsky agregó que las defensas ofrecieron otras alternativas a la prisión como el uso de una tobillera electrónica. Y señaló que la Cámara de Resistencia fundó la prisión preventiva en que uno de los delitos del caso era la asociación ilícita cuando el propio tribunal lo había desechado.

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IPRODICH visita nuevamente el interior chaqueño para garantizar la inclusión de personas con discapacidad

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La Junta Itinerante y la Dirección de Intervención Territorial del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) visitarán, el próximo lunes 27 de mayo, Machagai y Presidencia de la Plaza. Mediante este trabajo integral en terreno, se asistirá a distintas personas con discapacidad con evaluación y entrega de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), ayudas técnicas, relevamiento de datos con el fin de concretar acciones futuras que mejoren la calidad de vida de este gran colectivo social, como así también se brindarán charlas de concientización.

La Comisión del IPRODICH buscará, de esta manera, mejorar la calidad de vida de chaqueños con discapacidad. Este año, siguiendo las premisas inclusivas del gobernador Domingo Peppo, el organismo redoblará sus visitas al interior a fin de garantizar derechos y beneficios a este importante colectivo social.

Además la Dirección de Intervención Territorial recabará información de casos de vulnerabilidad extrema en cuanto a salud, educación, desnutrición y atenciones sociosanitarias, con el fin de entregar esos datos a la Unidad de Enlace de Gobernación quien se encargará de dirigirlas a las instituciones y organismos pertinentes con el fin de que intervengan para optimizar dichas situaciones.

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Bolsonaro le permite a un civil comprar un fusil militar

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El decreto firmado este mes por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que regula el uso y posesión de armas le permitirá a cualquier ciudadano comprar un fusil militar.

La información fue anticipada por el “Jornal Nacional”. Hasta ahora, según la definición establecida por el Ejército brasileño en el 2000, se consideraba de uso restringido todas las armas que dispararan un proyectil por encima de los 407 joules. El nuevo decreto, sin embargo, amplía el límite por encima de los 1.620 joules.

Además del fusil, fueron liberadas pistolas de calibre .40, .45 y 9 mm. En esas categorías entran armas como la Smith & Wesson .40, Colt .45, Luger 9 mm, SPL .44, entre otras.

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Fue declarado culpable el ginecólogo que se negó a realizar un aborto

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La Justicia de Río Negro declaró responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al ginecólogo Leandro Rodriguez Lastra por no realizar un aborto no punible a una joven de 19 años violada y embarazada por un familiar en 2017 en Cipolletti, quién permaneció internada en un hospital hasta el momento del parto.

El fallo del juez Álvaro Maynet permitió sin embargo que el ginecólogo continúe con sus tareas profesionales hasta tanto se de a conocer el tiempo de la pena y que ésta quede firme en las próximas audiencias.La pena prevista es de un mes hasta dos años de cárcel “por lo que Rodríguez Lastra no iraa prision”, dijeron fuentes judiciales, que indicaron que la inhabilitación para ejercer su profesión será por el doble de tiempo de la pena que se establezca.

Tras el fallo, el juez argumentó las circunstancias en las que un aborto se considera no punible según el artículo 86 del Código Penal y la ley rionegrina 4796, y resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia. El fiscal Santiago Márquez Gauna había considerado que el ginecólogo no respetó el deseo de la víctima y se negó a realizar la práctica reglamentada en las leyes provinciales porque no le creyó a la joven cuando dijo que había sido violada, ni tampoco lo hizo con las profesionales que se comunicaron con él.

La defensa del médico, a cargo de los abogados Damián Torres y Juan Pablo Chirinos, indicó que la responsabilidad fue de las médicas que atendieron a la víctima en el Hospital de Fernández Oro y aseguraron que no existió un proceso abortivo por lo que no habría podido ser revertido. A su vez, destacaron que los medicamentos que le dio a la joven fueron para tratar la fiebre y el proceso infeccioso con el que el 22 de abril de 2017 ingresó al hospital de Cipolletti cuando el embarazo cumplía 22 semanas de gestación.

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